El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ordenó ayer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados por el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el pasado 4 de mayo de 2006.
En el texto, el jurista pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con banda criminal.
Para este organismo público, la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el «fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».
Desde septiembre de 2011, cuando se celebró la vista en la que se estudió revocar el primer procesamiento de los imputados, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que la causa debía ser investigada en un juzgado de Irún porque los hechos investigados eran constitutivos únicamente de un delito de revelación de secretos.
El relato de hechos realizado por el fiscal refleja que Pamies tuvo conocimiento de la operación desarrollada contra el aparato de extorsión de ETA durante la tarde anterior al dispositivo, y «decidió obstaculizarlo» para, al menos, «impedir la detención» del dirigente del PNV Gorka Aguirre, sin prejuicio de otros fines no debidamente acreditados hasta la fecha».
Aguirre, según consta en la investigación, se había reunido el 3 de mayo de 2006 en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa) con el dueño del Faisán, Joseba Elosua, y el presunto miembro de la red Ramón Sagarzazu para mediar en un supuesto pago de 54.000 euros, que identificaron durante su encuentro como «nueve botellas de vino». Para llevar a cabo el soplo, que se produjo en pleno proceso de negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA, Pamies, según el fiscal, «buscó a una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los integrantes de ésta o de la Sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia».
Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Javier Zaragoza, advirtió a Torres Dulce de que el escrito de denuncia pondría en evidencia su orden de acusar alternativamente por un delito de colaboración, puesto que este departamento discrepa de dicho criterio.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a mostrar su respeto al procedimiento seguido.
Por otra parte, efectivos de la Ertzaintza comenzaron a desalojar a los cientos de acampados en el Boulevard de San Sebastián para proceder a la detención de seis de los ocho miembros de Segi condenados por pertenencia a banda armada presentes en el lugar. Asimismo, uno de los ellos fue arrestado por agredir a un agente. Los hechos comenzaron alrededor de las 06,00 horas, cuando más de una veintena de furgonetas de la Policía vasca llegaron al lugar.
