Varios condenados en el marco de la operación ‘Malaya’, sobre la trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, presentaron incidentes de nulidad frente a la sentencia del Tribunal Supremo. Dictamen judicial que confirmó las condenas y subió, en algunos casos, las penas impuestas por la Audiencia malagueña. Entre ellos, están el principal acusado Juan Antonio Roca, la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde Isabel García Marcos.
Así lo señalaron fuentes del caso, las mismas que apuntaron que, además de los anteriores, al menos otra docena de acusados, sobre todo exediles o condenados por delito de blanqueo de capitales a los que se les ha agravado la pena, presentaron sus correspondientes escritos en este sentido. En ellos, piden la nulidad de la sentencia firme, al alegar vulneración de derechos fundamentales. De este modo, los imputados decidieron dar lo que supone el paso previo a la petición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo emitió el pasado 29 de julio su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia de Málaga. No obstante, decidió agravar alguna de ellas a instancias de la Fiscalía, como fue el caso de Juan Antonio Roca, cuya pena pasó de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales.
Asimismo, el Supremo también subió las penas impuestas por el delito de cohecho a los exresponsables públicos del Ayuntamiento marbellí, pasando de dos años a tres y medio de prisión, tras estimarse uno de los puntos del recurso del fiscal, sobre dicho tipo delictivo. Éste fue el caso de Yagüe y de García Marcos, las cuales, no obstante, vieron reducida su pena total, al ser absueltas por el delito de alteración de precios en subastas o concurso público.
Por esto, el Supremo corrigió recientemente la sentencia, a través de un auto. Ahora, en sus incidentes de nulidad, las defensas señalan que se ha producido vulneración de derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías. Así como que se han aplicado normas penales en redacción y que perjudican a los acusados, entre otros argumentos.
