La Unión Europea es el primer bloque de países del mundo en volumen de las importaciones de productos agrarios, en su mayor parte procedentes del continente americano, así como desde el norte de África y, en menor medida, de los Estados asiáticos. Como una medida de apoyo a esas naciones, las autoridades comunitarias han ido más lejos que las exigencias de la Organización Mundial de Comercio para la apertura de fronteras y la liberalización de los intercambios vía de acuerdos con entes de comercio regionales, alianzas directas con terceros países o Sistemas de Preferencia Generalizada con la consiguiente entrada en la UE de diferentes materias primas.
Este tipo de negociaciones van a más en este marco mundial de relaciones, pero sus efectos son cada día más negativos para los agricultores o ganaderos de los países comunitarios con menor capacidad para competir. Esta situación es consecuencia de sus mayores costes de producción derivados, entre otras cosas, de la remuneración de los trabajadores, pago de derechos sociales, cumplimiento de las normas sobre bienestar animal o exigencias sobre el respeto al medio ambiente.
En los últimos tiempos está siendo noticia la posibilidad de una ratificación o rechazo del acuerdo agrícola con Marruecos con la preocupación de las organizaciones y de las Cooperativas del sector por el impacto negativo que el mismo podría tener en el conjunto de las producciones de frutas y hortalizas, y, muy especialmente, para las cosechas de fuera de temporada.
Se trata de una alianza impulsada por Bruselas que perjudica a los agricultores españoles, desde los productores de tomate de invernadero, hasta los de ajos o cebollas de otras zonas, al existir una mayor oferta en los mercados comunitarios, lo que provoca la consiguiente caída de los precios por unas exportaciones marroquíes sin controles en fronteras.
Sin embargo, es un pacto que no viene mal a los países al norte de los Pirineos por dos razones. Primero, porque los consumidores de esos Estados, con una mayor oferta de los productos de Marruecos, están encontrando precios más bajos. Segundo, porque ese mismo convenio también contempla la posibilidad de que la Unión Europea aumente sus exportaciones hacia esa nación, ventas que se concretan en cereales franceses, aceite de semillas de los Países Bajos y productos lácteos procedentes de Centroeuropa.
Si se ratifica el acuerdo con Marruecos, los principales afectados serían los productores de frutas y hortalizas. Pero no es el único riesgo para el sector agrario.
Tras ser reactivado en 2010 desde España por María Teresa Fernández de la Vega, en los próximos meses deben continuar las negociaciones con Mercosur, bajo cuyas siglas se acogen Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina o Chile. Bruselas tiene empeño en sacar adelante esta alianza comercial pensando, fundamentalmente, en el volumen de exportaciones que se puedan hacer desde la industria a países con un menor grado de desarrollo.
Frente a esas posibilidades innegables, la moneda de cambio que demandan esos países hacia los mercados comunitarios se concretaría en más facilidades para exportar en volumen y derechos arancelarios para producciones tan importantes como los cereales, principalmente maíz y soja, azúcar, carnes de vacuno, pollo o porcino, sin dejar a un lado las frutas y los zumos. Brasil es el principal país interesado, seguido de las carnes de Uruguay y Paraguay, los vinos argentinos o chilenos.
Desde la perspectiva del sector agrario español, el acuerdo acarreará solamente desventajas, mientras que en la parte positiva de la balanza solamente se podrían abrir algunas posibilidades para colocar algo más de vino y aceite de oliva.
En la actualidad, se aplica el pacto existente con los países que integran el bloque conocido como ACP (África, Caribe, Pacífico), donde se engloban una serie de viejas colonias con quienes se mantiene una política de preferencias para facilitar el comercio de sus producciones en la UE. Una situación similar a la que funciona con los llamados países andinos, Perú y Colombia, desde donde se ha potenciado el comercio en productos de la huerta.
Con el norte de África hay acuerdos importantes, además de Marruecos, con otros Estados como Egipto y Túnez, y en la actualidad se tratan de potenciar otros con países asiáticos.
Las alianzas con terceros países tienen como principal objetivo facilitar la actividad en esas tierras y mejorar los niveles de vida de sus agricultores. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, suponen una vía libre a productos de esos países en los mercados comunitarios, haciendo una fuerte competencia con los agricultores de los Estados miembros.
Desde esta perspectiva y de cara a lo que se viene encima, la política de estas transacciones debería conllevar también compromisos y contrapartidas de los productores de esos países. Para competir en los mismo mercados es indispensable partir de exigencias de producción iguales.
Entre los Estados miembros de la UE, todas las naciones deben cumplir las mismas normas sobre condicionalidad, bienestar animal, respeto al medio ambiente etc. Una situación de inferioridad entre unos y otros que debería ser solamente consecuencia del tipo de estructura de las explotaciones o de la climatología. Sin embargo, frente a terceros países, no parece lógico que compitan en un mismo mercado productos que han tenido unos costes de producción diferentes en función de la existencia o no de unas exigencias que hay en la UE. Más apertura sí, pero siempre con un cierto orden.
