La trama Acuamed planeaba “verter agua contaminada al río Ebro” según interpreta la Guardia Civil tras analizar las conversaciones telefónicas intercambiadas entre un ingeniero de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y un empleado de una de las compañías adjudicatarias de obra e incluidas en el sumario de la causa.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) encargados de la investigación sobre las irregularidades y sobornos que rodearon las adjudicaciones de la empresa pública precisan en sus conclusiones que estaban valorando “la posibilidad de verter el agua contaminada al río Ebro, a pesar de los informes de contaminación de los que tendría conocimiento”.
La UCO, que precisa que desconoce el alcance de la citada actuación en cuanto a su impacto medioambiental, reproduce el contenido de una llamada entre los dos técnicos sobre los trabajos de depuración de las aguas del embalse de Flix, en Tarragona.
Los trabajos habían detectado la existencia de centenares de miles de metros cúbicos de lodo contaminado en el cauce fluvial. El ingeniero de Acuamed, Pablo Martín, planteó a su interlocutor: “Nos podríamos plantear echar ácido, echar clorhídrico directamente al embalse”.
El técnico de FCC David Blanca le respondió que esta posibilidad se estaba estudiando pero que había que hacerlo “de forma ordenada. Claro, nosotros somos del hormigón y del hierro”, agregó para añadir: “Nosotros a lo bruto ¿qué haríamos? Como vaciar una cuba. A tomar por culo, tiramos la cuba de clorhídrico y aquí paz y después gloria. Cogeríamos y venga Manolo, tira la manguera flexible. ¡Dale! Y aquí paz y después gloria!”, añadió. El ingeniero de Acuamed se mostró de acuerdo y agregó: ¿Cómo se echa el cloro en una piscina? Con una pastilla”.
El instructor imputó el pasado mes de enero a los trece detenidos en la operación ‘Frontino’ la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo estatal.
