Los abusos sexuales, cometidos sobre todo con niños, niñas y adolescentes, en entornos supervisados o controlados por la iglesia católica, han adquirido relevancia especialmente a partir de la décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, durante el papado de Juan Pablo II. Todo ello aunque se trataba de casos ocurridos décadas atrás, al menos una gran parte.
La iglesia católica primero intentó ocultar los casos y proteger a los sacerdotes responsables, pero la presión internacional de víctimas, sistemas judiciales y gobiernos pudo más, aceptó la culpa, y comenzó a investigar y a pagar indemnizaciones en Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania, entre otras naciones.
La reparación de víctimas de abusos de la iglesia en España
El jueves 8 de enero de 2026 será un día inolvidable para muchos españoles, en especial para quienes fueron víctimas de abuso cuando eran niños por parte de algún miembro de la iglesia católica, y cuya causa prescribió, porque fue hace demasiado tiempo, o porque el pederasta falleció.
Ese día, en la sede del ministerio de Justicia se firmó un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abuso en el seno de la iglesia católica.
En la firma de este acuerdo histórico estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello, el ministro de Justicia Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
Allí se establece que será el Estado quien determine qué persona se debe considerar víctima y la reparación a la que tiene derecho, mientras la Iglesia se hará cargo de las reparaciones.
También establece el período de un mes para elaborar un convenio que regule este sistema, que funcionará durante un año prorrogable por un año más. Es este un tiempo considerado suficiente para que todas las víctimas de abuso puedan presentar su caso ante el ministerio de Justicia.
Cómo funcionará el convenio
El ministerio de Justicia recibirá las denuncias y reclamaciones a través de la Unidad de Víctimas de la oficina del Defensor del Pueblo, donde cada caso será analizado y se propondrá una reparación. Esta propuesta será revisada por la comisión asesora de la Iglesia creada en el marco del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA).
Si la víctima o la Iglesia están en desacuerdo con el importe propuesto, la reclamación será revisada por una comisión integrada por funcionarios del Estado y miembros de la Iglesia y de asociaciones de víctimas que, luego de analizar el expediente, presentarán una segunda propuesta.
Por otro lado, el Estado establecerá mecanismos para que estas indemnizaciones tengan exenciones fiscales.
De este acuerdo se viene hablando desde 2024, cuando el Gobierno dio luz verde a la oficina del Defensor del Pueblo para investigar y elaborar un informe sobre los abusos sexuales en la iglesia católica.
Ese mismo año se planteó la necesidad, algo en lo que estuvieron de acuerdo funcionarios y obispos, de buscar una manera de ofrecer reparaciones a las víctimas de abuso que ya no podían acudir a la justicia, porque el agresor había fallecido o porque los crímenes habían prescrito.
Con este convenio se podrán atender aquellos casos que quedaron fuera del plan PRIVA de la Iglesia, que recibió poco más de un centenar de denuncias y hasta ahora pagó por concepto de reparaciones casi 2 millones de euros.
Que se reconozca esta situación y se dé voz a las víctimas constituye un gran logro; y también que el Estado y la Iglesia trabajen en conjunto para resarcir a las víctimas.