La nueva ley de vivienda que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos enviará al Congreso tiene previsto regular las rentas de alquileres mediante la declaración de áreas tensionadas de precios y la bajada de los alquileres en manos de grandes propietarios, a partir de índices de referencia para los contratos en zonas de mercado tensionado. “Mientras no sea abusivo para ninguna de las partes, me parece bien, ha de ser algo equilibrado para todos”, sostiene la gerente de Alfa Inmobiliaria Segovia, Ana Ramos.
La futura norma establecerá una diferenciación entre los propietarios particulares y las empresas con más de 10 viviendas, de manera que se limitarán los precios que estas puedan poner en las áreas tensionadas, en las que entrarían grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Aunque hay otras, cuyo tamaño es más reducido, que “no sufren estas tensiones”, el gerente de SegoDomus Inmobiliaria Segovia, Jorge Ayuso, considera que “Segovia sí entraría en esas zonas”, en especial su casco histórico, a pesar de que no hay problemas de demanda en la capital, tal y como señalan desde el sector.
De igual forma, al comercial de la agencia Sogeima Segovia, Rubén Pascual, le parece que esta ley “es necesaria”, después de que en otros países ya “haya demostrado que ha funcionado”, pese a que “hay quienes se piensan que esta norma les va a marcar el precio del alquiler”, añade.
La futura ley requerirá un doble requisito: por un lado, que los alquileres en el área hayan subido más de cinco puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Y, por otro, que el gasto medio en vivienda supere el 30% de los ingresos de los hogares.
Pero la declaración de las áreas tensionadas dependerá de las comunidades autónomas, puesto que estas tienen transferida buena parte de las competencias en vivienda, y aquellas en las que gobierna el PP ya han mostrado su oposición.
Fomentar el alquiler juvenil
Fomentar el alquiler entre los jóvenes es uno de los objetivos que tratará de alcanzar el futuro bono al alquiler joven que el Gobierno contempla entre las medidas que forman parte del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022. Esta iniciativa concedería una ayuda económica de 250 euros mensuales a quienes tienen entre 18 y 35 años y rentas de unos 23.000 euros, con el objetivo de mejorar su acceso a la vivienda.
Así, este “programa de emancipación” dejaría fuera a buena parte de los estudiantes universitarios que alquilan pisos en otras ciudades, al establecer como requisito para poder recibirlo el que la persona esté trabajando, algo que lamenta este colectivo, pero que aplaude el sector inmobiliario: “Me parece muy bien porque hay gente que por el coste de la vida y su bajo salario, no pueden acceder a un alquiler”, manifiesta Pascual.
El precio del alquiler cae en la capital y aumenta en la provincia
