Okupas, escrito con “k”, es un término que se refiere a personas que entran y se instalan en viviendas deshabitadas sin autorización de sus propietarios. Precisamente la “k” es una forma de representar a esta especie de movimiento social que surgió en los años ochenta. Nació como manifestación de rebeldía y contracultura que simboliza el rechazo a las convenciones y al sistema social. El fenómeno se ha intensificado y expandido en estos últimos años.
En España, el movimiento ha adquirido gran visibilidad. A la rebeldía se suman los efectos de la crisis y los okupas aumentan. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial muestran que en 2024 se registraron en el país 1.782 casos de ocupación ilegal que fueron denunciados. Son los casos procesados en el Juzgado de Primera Instancia.
El caso de okupas en Galicia que sorprendió a toda España y al mundo
Las historias de okupas se repiten y, con más o menos complicaciones, todas parecen seguir un mismo patrón. Los invasores eligen la vivienda, fuerzan cerraduras y a veces las cambian una vez dentro. Inmediatamente marcan la vivienda con elementos para mostrar su presencia. Colocan colchones, instalan electrodomésticos básicos, usan luz y agua si están disponibles. Algunos llegan hasta a presentarse en el Ayuntamiento para solicitar el empadronamiento.
Cuando los propietarios reaccionan y presentan la denuncia, resisten el desalojo argumentando vulnerabilidad social. Hay que tener en cuenta que, si pasan 48 horas desde el momento de la ocupación sin que haya habido denuncia ni intervención policial, el caso pasará al ámbito judicial. A partir de ese momento, se requiere la orden de un juez para gestionar la salida. El proceso es largo, y generalmente termina con la liberación de la vivienda.
El caso de los okupas de Galicia fue muy original. Una pareja se instaló en una vivienda que tenía un valor estimado en los 250.000 €. Entraron e inmediatamente cambiaron las cerraduras. La policía intervino al día siguiente al ingreso de los okupas a la vivienda. Les solicitó amistosamente que abandonaran la casa, pero la pareja de ocupantes se negó.
Como lo indica el protocolo, la policía trasladó el caso al juzgado y empezaron los trámites. Pero esta vez no fue la acción policial ni la orden del juez la que logró el desalojo. La presión social muchas veces puede más que las autoridades. El caso de Galicia así lo confirma.
¿Por qué la pareja de okupas al fin decidió abandonar la vivienda?
Los hechos mostraron el poder de la unión de fuerzas para lograr un fin. Más de 50 vecinos se presentaron en las puertas de la casa reclamando a los okupas que se fueran. El alcalde también estuvo presente, e intervino para llegar a un acuerdo. Explicó a los okupas que esos vecinos estaban dispuestos a todo para que abandonaran la vivienda. Además, les dejó en claro que él no podría evitar reacciones de esas personas que estaban furiosas por la okupación.
Atemorizados por la multitud que sintieron como amenaza, los okupas cedieron y aceptaron dejar la casa. Pero para hacerlo plantearon una condición al alcalde, que lo sorprendió al tiempo que le mostró que su intervención había causado el efecto esperado.
¿Qué pidieron los okupas a cambio de dejar la casa de Galicia?
El miedo lleva a actitudes extrañas en determinadas situaciones. Y realmente fue muy extraña la petición que los okupas hicieron al alcalde como condición para dejar la casa. Extraño, pero muy coherente, por cierto. Pidieron que les proporcionaran un taxi para alejarse del lugar, sanos y salvos. El coche los trasladaría hasta la estación de autobuses de Pontevedra, y el alcalde se haría cargo del coste.
Entrevistada por la prensa, la mujer ocupante ilegal declaró que llevaba un año durmiendo en una furgoneta, y que no podría trabajar por un problema físico. Por eso ocuparon. La vivienda fue desocupada sin incidentes. El caso de Galicia mostró que cuando la comunidad se une para defender los derechos de sus integrantes y la autoridad respalda, se obtienen buenos resultados