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Es oficial: multan con 20,5 millones a varias empresas de Repsol y les impiden optar a contratos públicos

por Paco Magar
8 de febrero de 2026
Denuncia a Repsol

Es oficial: multan con 20,5 millones a varias empresas de Repsol y les impiden optar a contratos públicos

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La lucha por dominar determinados mercados puede hacer que grandes grupos económicos adopten políticas y estrategias que parecen beneficiar al consumidor, pero que pueden estar concebidas para perjudicar o sacar del mercado a los competidores más pequeños.

Estas prácticas son consideradas en muchos países como desleales e ilegales, y si se logra comprobar su existencia, quienes las practican pueden estar sujetos a una serie de sanciones y multas, como acaba de suceder con un grupo de empresas de Repsol.

Multas por 20,5 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de concluir una investigación sobre práctica desleal llevada a cabo por varias empresas pertenecientes al grupo Repsol entre 2022 y 2023. Nos referimos específicamente a Repsol Comercial de Productos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio.

Estas empresas habrían aplicado una política “de estrechamiento de márgenes abusivo”, para perjudicar a estaciones de servicio independientes que compiten con este poderoso grupo empresarial.

Esta práctica, el estrechamiento de márgenes comerciales para ahogar a un competidor, haciéndolo desde una posición de dominio, como es el caso de Repsol frente a las estaciones independientes, está contemplado y claramente prohibido por los artículos 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), y el 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Además de las empresas antes mencionadas, también fueron objeto de sanciones las matrices Repsol Customer Centric y Repsol, por una infracción “muy grave” contemplada en el artículo 62.4.b) de la LDC.

Como resultado, la CNMC ha impuesto un conjunto de multas a estas empresas que suman 20,5 millones de euros, y además, les queda prohibido participar en licitaciones públicas para  el suministro de combustibles como el “Gasóleo A”, durante los siguientes 6 meses.

La estrategia “incompatible” del grupo Repsol

Con el propósito de revertir la disminución en las ventas y la pérdida de cuotas de mercado frente a estaciones de servicio independientes, que venía sufriendo desde 2019, Repsol decidió aprovechar su situación de dominio para intentar ahogar a la competencia y mejorar sus índices de ganancia.

Esta maniobra se realizó teniendo como campo de acción la distribución y venta de gasóleo (GOA), y coincidió con el comienzo de la invasión de Ucrania, que llegó a hacer que los precios del GOA superaran los de la gasolina.

Repsol aumentó el precio de venta mayorista del GOA, vendiéndolo más caro a las estaciones de servicio independientes, y al mismo tiempo en las gasolineras de Repsol aplicó descuentos especiales, de hasta 5 céntimos por litros, sobre todo para clientes profesionales.

Esta maniobra de estrechamiento de márgenes se realizó entre abril y diciembre de 2022, y fueron muchas las estaciones de servicio que se vieron terriblemente afectadas por una fuerte reducción en sus ventas.

Fue entonces cuando comenzaron las denuncias que llevaron a la CNMC a realizar una inspección en la sede de varios operadores, y a abrir un expediente sancionador contra Repsol.

Para la Comisión, la acción de Repsol es “especialmente grave”, porque causó daño a estaciones de servicio independientes de bajo coste, que prestan servicio en zonas de alta demanda, como son las áreas fronterizas.

Naturalmente, Repsol no está de acuerdo con esta medida, y ha declarado que: “Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros”.

También acusan a la CNMC de utilizar “un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado”.

En todo caso, el grupo empresarial tiene los siguientes dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.

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