El impacto negativo de las redes sociales en niños y adolescente ha hecho reaccionar a gobiernos de diferentes partes del mundo, que ya han puesto en vigor, como Australia, leyes que prohíben el acceso a menores de 16 años a plataformas como X, TikTok, Facebook, YouTube o Instagram, por mencionar solo las más importantes.
Es una medida que causa polémica, que ya se está debatiendo en España, y que en Portugal acaba de comenzar a recorrer el camino legislativo para pasar el límite de edad, que actualmente se encuentra en los 13 años, a los 16, y que por debajo de este nuevo límite los adolescentes solo puedan acceder con el permiso de los padres.
El primer paso en el Parlamento de Portugal
El 12 de febrero, el Partido Social Demócrata, PSD, presentó esta propuesta ante el Parlamento, donde se hizo una primera lectura y se aprobó con 148 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los votos en contra son de los partidos derechistas Chega e Iniciativa Liberal (IL).
Ahora el proyecto de ley deberá ser revisado y discutido por una comisión, antes de ser presentado para su votación definitiva ante la Asamblea de la República.
Esta ley, como otras que se están discutiendo en estos momentos en otros países europeos, no prohíbe del todo el acceso a las redes a los adolescentes con 13 años, pero lo supedita a la supervisión y el permiso de los padres, hasta los 16.
Para garantizar que esta norma se cumpla, y que pueda verificarse la edad del usuario, se propone el uso de una clave digital, conocida como DMK (Digital Mobile Key), “mediante autenticación simple o reforzada”. Las plataformas y proveedores de internet deberán crear sistemas que incorporen esta clave.
Medidas contra las adicciones y sanciones para las plataformas
En la ley se plantean varias medidas para evitar las adicciones entre los adolescentes, como prohibir las funciones de reproducción automática, que enganchan un vídeo tras otro, las apuestas y juegos en línea, las aplicaciones con contenidos sexuales explícitos o con violencia, y los programas que sirven para crear vídeos e imágenes falsas.
Respecto a las sanciones para personas o comercios que permitan el acceso a redes sociales a menores de 16 años sin autorización de sus padres, las multas pueden ir desde los 10.000 hasta los 250.000 euros. En el caso de las plataformas y aplicaciones que vulneren esta ley, las multas pueden llegar hasta los 2 millones de euros.
Prohibir para proteger
Para el legislador Paulo Marcelo (PSD), no se trata de “prohibir por prohibir”, sino de establecer una norma para “dar más poder a los padres y familias para acompañar y controlar”.
La prohibición no afecta las plataformas de mensajería y correos o el acceso de los adolescentes a motores de búsqueda relacionados con música, streaming y otras páginas web, como las que tienen información general o educativa.
En los países donde se está planteando esta medida, propuesta sobre todo como manera de proteger la salud mental de niños y adolescentes, los partidos y fuerzas que se oponen afirman que se trata de una medida que atenta contra la libertad de expresión, y que puede ser una forma encubierta de los gobiernos para tratar de controlar las redes sociales.
Pero también es cierto que afecta grandes intereses económicos (tan solo en Estados Unidos la publicidad destinada a menores mueve miles de millones de dólares), y que cada vez hay más datos que confirman el profundo daño que puede llegar a causar un acceso prematuro a las redes sociales.
El 2026 será el año para ver en la práctica cómo funciona la implementación de estas medidas, en Australia, Portugal y en nuestro país.