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Es oficial: la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios ya tiene fecha confirmada

por Paco Magar
25 de febrero de 2026
Jornada funcionarios

Es oficial: la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios ya tiene fecha confirmada

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La reducción de la jornada laboral de los funcionarios ya es un hecho. Las iniciativas de algunos sindicatos que comenzaron por la década de 1980 por fin se concretan.

Tras años de negociación, el Gobierno central y los sindicatos lograron un acuerdo. En la Administración General del Estado, AGE, la jornada pasa a ser de 35 horas semanales.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la jornada de 35 horas en la AGE?

La medida, que fue pactada con el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, se pondrá en marcha en marzo. Los funcionarios reducirán sus horas de trabajo, pasando de 37,5 a 35.

¿Cuál es el cambio? Hasta ahora, los empleados de la Administración General del Estado trabajaban siete horas y media por día. A partir de marzo, con la aplicación de la reforma, se reduce media hora cada día. Permanecerán en sus puestos siete horas.

La decisión no tendrá impacto directo en la generación de empleo. Así lo ha manifestado la secretaria general del sindicato, Isabel Araque, que aclaró que esta reducción de la jornada no ocasionará nuevas contrataciones.

La reforma se realizará sobre la base de los recursos humanos actuales. Es decir que, los mismos funcionarios deberán cumplir con todas las tareas que requiera su función en menos tiempo.

¿Qué falta para que se aplique oficialmente la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios?

La oficialización de la jornada de 35 horas para los funcionarios de la AGE se encuentra en la fase final de tramitación. El acuerdo fue alcanzado en la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación del organismo. En esa instancia, el Gobierno y los sindicatos pactaron la reducción de jornada.

Resta por cumplirse un trámite pendiente. Falta la ratificación formal en la Mesa General, un procedimiento administrativo requerido para validar definitiva y oficialmente el acuerdo. Todavía no se ha realizado la convocatoria para este acto.

La Unión General de los trabajadores que representa a los empleados de los sectores públicos en España considera que este es un logro sindical. La medida que beneficia a los funcionarios forma parte del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, que firmaron UGT y CCOO.

La organización ha manifestado que es el resultado de muchos años de negociación y que supone un avance en derechos laborales.

El proceso de implementación de la jornada de 35 horas

El proceso de implementación de la reducción de jornada ha sido diseñado de manera escalonada. Se prevén fases diferenciadas que tienen en cuenta la negociación sindical y la adaptación de los organismos en los que los funcionarios se desempeñan.

Esta graduación tiene como objetivo evitar desequilibrios y problemas en los servicios públicos. Primero se aplicará en los ministerios y organismos centrales. Se ha considerado que en ellos la organización del trabajo es más homogénea y fácil de ajustar.

Posteriormente se extenderá a otros servicios con mayor complejidad operativa. En este grupo está la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otros organismos. Son entidades que requieren una planificación minuciosa para mantener la atención al ciudadano sin quiebres ni recortes.

Por lo tanto, los organismos se encuentran en etapa de reorganizar los sistemas de turnos y los cuadrantes de personal, para que la reducción de la jornada no implique pérdidas de productividad ni afecte el servicio.

En esta organización, inicialmente algunos sectores han quedado fuera del acuerdo, como los funcionarios de prisiones y el personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla. Se prevé que para estos colectivos la jornada de 35 horas llegará en abril.

La medida pone en pie de igualdad a los trabajadores de la administración pública. En varias comunidades autónomas ya funcionaba  la jornada de 35 horas semanales. Existe un mosaico que con la medida general dispuesta por el Gobierno central se homogeneiza en toda la la Administración central.

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