En los últimos 5 años, justo después de la pandemia, los alquileres en España aumentaron más del 40%, en una escalada que parece continuar. En parte, estos aumentos pueden ser reflejo de la inflación, o de la presión ejercida por nuevas modalidades de alquileres turísticos, pero lo cierto es que no van al mismo ritmo que los aumentos salariales.
Los alquileres cada vez más altos hacen que el acceso a la vivienda sea más difícil para los jóvenes que intentan abandonar el nido familiar, o para las nuevas parejas que buscan su primer hogar independiente. Por ello es natural que el Gobierno busque instrumentar medidas para contener las subidas desproporcionadas, pero hay que ver si se trata de medidas acertadas, y si cumplen su propósito.
Premios y castigos
Las primeras medidas del Gobierno se orientaron a bonificar y otorgar “premios” a aquellos propietarios que no aumentaran o que contribuyeran a disminuir las cuantías de los alquileres.
Se hicieron a través de bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas en las zonas más tensionadas, y ahora, a través de una ley, el gobierno pretende llevarlo a todo el territorio nacional.
Pero esta ley no solo contempla premios, sino también penalizaciones para propietarios que insistan en seguir subiendo los precios de los alquileres. Aunque no a través de multas, sino de reducción en las bonificaciones fiscales, como las que dejan por fuera del pago impositivo el 50% del rendimiento neto de los alquileres.
Estas penalizaciones tendrían un límite, según fuentes del Ministerio de Vivienda, que señalan que la intención no es retirar la bonificación por completo a quienes insistan en seguir subiendo los precios, pues “consideramos que hay que mantener un trato diferenciado para el residencial a largo plazo vs el turístico temporada”.
Hay que aclarar que estas penalizaciones solo se aplicarán a aquellos que apliquen aumentos en los alquileres al finalizar los contratos y no a los que hacen ajustes o incrementos anuales autorizados por la ley y relacionados con el IPC.
El debate continúa
La discusión de esta ley para regular los alquileres sigue en discusión, y hay varias propuestas que ya han sido rechazadas, como la de dar una bonificación del 100% a los propietarios que mantuvieran sin aumentos los alquileres al renovarse el contrato. Esta medida fue rechazada por los partidos aliados del Gobierno.
Ya existen varias deducciones y reducciones estatales que benefician a los que alquilan viviendas, y con la nueva ley, si se aprueba, lo que se buscaría es ajustarlas y extenderlas a todas las regiones.
La intención de incluir además penalizaciones, y no solo bonificaciones, volviendo a las fuentes del Ministerio de Vivienda, es coherente con la política que el Gobierno ha llevado adelante con el tema de la vivienda, y que consiste en “incentivar los comportamientos que redundan con el interés general y desincentivar los que no”.
Además de este paquete fiscal, la ley busca reglamentar de forma más estricta los alquileres turísticos y de habitaciones, pero para ello necesita una mayoría parlamentaria que todavía no ha logrado consolidar. En parte porque entre sus aliados también hay dudas sobre la eficacia de estas penalizaciones.
Para Sumar, acortarles a los propietarios la rebaja del 50% no constituye un castigo, sino solo la reducción de un privilegio que no los va a hacer desistir de los aumentos en los alquileres. Para esta organización, una verdadera solución es prorrogar automáticamente los contratos, sin que haya posibilidad de aumentar.
De acuerdo con los portavoces de esta organización: “La solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero”.
En todo caso, sigue haciendo falta una ley que beneficie tanto a caseros como a inquilinos, con las que estén de acuerdo la mayor parte de los representantes parlamentarios.