España está implementando una serie de reformas fiscales que iniciaron en 2024 y que se extienden durante el 2025. El objetivo es adaptar el sistema tributario español a los desafíos económicos actuales.
El principio guía es promover una mayor progresividad y equidad en la distribución de la carga fiscal. El objetivo final es que todo el mundo pague en función de sus situación económica, para que la recaudación aumente.
La recaudación fiscal es la que financia los servicios públicos y garantizar el funcionamiento del Estado. Estos recursos permiten sostener la sanidad pública, la educación, las pensiones, los subsidios por desempleo y todas las ayudas sociales que protegen a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, los impuestos se destinan al mantenimiento de las infraestructuras como carreteras, trenes estatales, aeropuertos, redes de energía, así como a la seguridad ciudadana, la justicia y la defensa.
Con tamaña carga económica, al gobierno siempre le preocupa aumentar la recaudación, ya que si no recauda no puede gastar. O al menos esa es la teoría. Y si no gasta, el sistema público general se deteriora.
Se anuncian cambios en el impuesto de sucesiones
El modelo de Estado autonómico que estableció la Constitución española, otorga a las comunidades autónomas un alto grado de autonomía política, administrativa y fiscal.
En virtud de este modelo, las regiones pueden gestionar parte de sus recursos económicos y adaptar ciertos impuestos a sus realidades sociales y económicas.
El impuesto a las sucesiones es uno de estos tributos que varían en las diferentes comunidades autónomas. Está gestionado íntegramente por los gobiernos autonómicos, que establecen sus propias condiciones, tipos impositivos y beneficios fiscales.
Cambios por comunidades
- En Andalucía están exentos de pagar el impuesto a las sucesiones los grupos de herederos I y II cuando la herencia es menor de 1 millón de euros. El I y el II se define por el grado de parentesco con el fallecido. Son los familiares más cercanos, que, generalmente, disfrutan de mayores beneficios fiscales.
- Aragón bonifica el 65% de las herencias inferiores a 100.000 euros, además de establecer otros beneficios para los familiares cercanos.
- En Asturias, se establece la exención impositiva para herencias menores de 300.000 euros y bonificaciones del 99% para víctimas de violencia de género.
- Cantabria, se destaca por las reducciones de entre el 90% y el 99% para descendientes, cónyuges y ascendientes.
- Castilla-La Mancha beneficia a los jóvenes, bonificando el 100% para menores de 21 años y 80% para mayores de esa edad en herencias menores de 300.000 euros.
- En Cataluña, los menores de 21 años están exentos de pagar el impuesto en herencias con cuantía menor a los 100.000 euros.
- En Islas Canarias, La Rioja, Valencia, Murcia y Extremadura, los herederos de los grupos I y II serán bonificados con el 100%.
- Madrid realiza una discriminación más abierta en las bonificaciones. Los familiares directos tendrán una reducción del 99%, los hermanos del 15%, los sobrinos del 10%.
- En Navarra, no deberán pagar el impuesto los sucesores que reciban herencias inferiores a 250.000 euros y en el País Vasco, están exentos los herederos con herencias inferiores a 400.000 euros.
Diferencias que generan debates
Los cambios recientes en el impuesto sobre sucesiones reflejan una tendencia hacia la reducción de la carga fiscal para los herederos, especialmente en casos de herencias que no son muy cuantiosas.
Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas han generado debates sobre la equidad del sistema. Hay quienes sostienen que la carga del impuesto de sucesiones no puede variar según el lugar de residencia del heredero.
En atención a esto, algunos expertos proponen una armonización del impuesto a nivel nacional para garantizar una mayor igualdad entre todos los ciudadanos.