Las llamadas spam de teléfono son un fastidio, nos hacen perder tiempo o interrumpir lo que estamos haciendo, pero ¿deberían ser objeto de leyes y normativas, y hacer perder el tiempo también a legisladores y funcionarios? El Gobierno y legisladores del Congreso piensan que sí, y es probable que muchos de nosotros también estemos de acuerdo.
Las llamadas comerciales o llamadas spam son una verdadera molestia, y llegan a un alto porcentaje de la población, ya que el móvil se ha convertido en el principal dispositivo electrónico en prácticamente todo el planeta. Esto explica en parte por qué algo aparentemente trivial puede convertirse en motivo de interés para funcionarios y políticos.
La medida contra el spam telefónico en el Congreso de los Diputados
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó una propuesta para poner límite a las llamadas spam desde teléfonos fijos. Se trata de una iniciativa impulsada por Sumar que, curiosamente, recibió el apoyo del PP, de ERC y de Junts, pero no del PSOE. La medida aprobada consiste en agregar una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para obligar a las grandes empresas a utilizar un prefijo para identificar las llamadas comerciales.
Por otro lado, se exigirá a las operadoras telefónicas bloquear aquellas llamadas comerciales que no utilicen dicho prefijo. De esta manera se espera contener o eliminar el mayor número de llamadas comerciales no solicitadas. Las llamadas de este tipo deberán contar con el consentimiento previo del cliente, y para asegurarse de que así sea, los contratos o acuerdos que se produzcan en el transcurso de llamadas no consentidas serán anulados.
¿Qué sentido puede tener esto? Por ejemplo, una llamada comercial puede ser tomada por otro miembro de la familia, que ante la presión puede ceder y comprar un servicio que no necesitaban. O bien se puede conseguir al propietario del móvil en un momento de debilidad, y hacer que adquiera un producto que realmente no desea o necesita.
Otras iniciativas en la misma dirección
Esta enmienda en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela no es la primera medida que se lleva adelante desde el Gobierno para intentar frenar las llamadas spam. Desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se estableció una norma que obligaba a las operadoras telefónicas a bloquear las llamadas comerciales que procedieran de teléfonos móviles. Esta orden entró en vigor el 7 de junio de este año.
Las empresas que utilizan esta molesta estrategia comercial cambiaron su estrategia o, más bien, el lugar desde donde hacen las llamadas spam: comenzaron a hacerlas desde teléfonos fijos.
A pesar de estas disposiciones, de acuerdo con encuestas realizadas por FACUA, 4 de cada 10 personas afirman que siguen recibiendo llamadas spam desde teléfonos móviles, y 5 de cada 10, que reciben llamadas comerciales desde teléfonos fijos nacionales (los que comienzan con 9). Mientras que un 5,7% dice recibir llamadas desde números internacionales.
Otro cambio en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, en la que sí coincidieron el PSOE, Sumar, EH Bildu, Junts, ERC, PNV y BNG, tiene que ver con el idioma de atención al público. En las comunidades donde existan idiomas cooficiales, las empresas deberán garantizar la atención al cliente en este idioma, es decir, en catalán, euskera, gallego o valenciano. Por extensión, imaginamos que si van a hacernos una llamada spam deberían hacerlo al menos en una lengua cooficial.
Con esta nueva medida, destinada a controlar las llamadas comerciales realizadas desde teléfonos fijos, se espera reducir sensiblemente las molestias causadas por este tipo de llamadas.