Pedir penas más fuertes para delitos menores no parece ser una de las exigencias habituales de los partidos considerados como progresistas o de izquierdas, pero esto es lo que ha ocurrido en el Congreso, donde se aprobó un recrudecimiento de las penas con el apoyo de fuerzas de todas las tendencias, desde el PSC hasta Vox.
Esta ley contra la multirreincidencia, aprobada el jueves 12 de febrero en el Congreso de los Diputados, y que ahora deberá pasar por el Senado antes de ser publicada en el BOE, tiene otro detalle curioso, y es que es una propuesta de Carles Puigdemont. Una propuesta que formaba parte del compromiso que el PSOE adquirió con esta polémica figura durante las conversaciones en Suiza.
Lo que dice la ley contra la multirreincidencia
También hay que decir que no se trataba de una exigencia exclusiva de Junts y que era una reclamación de los alcaldes socialistas de Barcelona, cansados de ver cómo los mismos delincuentes regresan a “trabajar” en los mismos lugares donde fueron detenidos, tras solo pagar una pequeña multa.
Porque esto es lo que viene sucediendo: cuando se trata de delitos menores, donde lo que se hurtó vale menos de 400 euros, los delincuentes ni siquiera van a la cárcel y solo deben pagar una multa para volver a la acción.
Con la nueva normativa, los delitos se acumulan y la reincidencia puede llevar a penas de 1 a 3 años de cárcel. Para que esto suceda, bastarán tres delitos con hurtos de objetos con un valor inferior a 400 euros.
La ley incorpora como agravante el robo de objetos como móviles y otros dispositivos que contengan datos personales, porque al valor del aparato hay que agregar el riesgo o la posibilidad de que puedan utilizar los datos para cometer otros delitos de mayor envergadura.
También se tendrá en cuenta la reincidencia como agravante cuando se trate de determinadas estafas. En ambos casos, robos y estafas, un juez podrá prohibir a los delincuentes regresar a los sectores o municipios donde llevaban a cabo sus acciones delictivas.
En resumen: la nueva ley castiga la reincidencia de ciertos delitos menores cambiando las multas por prisión de 1 a 3 años, considera como agravante el robo de dispositivos electrónicos que contengan datos personales y puede prohibir a los delincuentes el regreso a las zonas donde delinquían.
La votación: consensos y fracturas
Para algunos observadores, la votación de este jueves es una muestra de lo confusa que se ha vuelto la realidad política española en los últimos tiempos, aunque también podría verse como una demostración de madurez política y de la opinión unánime en torno a un tema. Este es el caso de los aumentos de los delitos menores y del peso que se debe dar a la reincidencia.
La ley fue claramente promovida en el Congreso por Junts, con el apoyo en la tribuna de los alcaldes de Calella, Cabrera de Mar, Manlleu, Martorell, Vila-seca e Igualada, y de otros representantes políticos de la zona metropolitana de Barcelona, que consideran fundamental este cambio en la penalización de delitos menores en los que los delincuentes caen en la multirreincidencia.
Junts fue acompañado en esta iniciativa por el PSOE, que debió enfrentarse a sus aliados, que votaron en contra: BNG, EH Bildu, Podemos y Sumar, y la abstención de ERC (lograda gracias a un acuerdo con el Gobierno para aumentar el número de jueces en Cataluña).
Los que se oponen justificaron su posición indicando que no desconocen la realidad del problema, pero están en desacuerdo con una solución punitiva.
Los votos a favor registrados en el Congreso fueron del PSOE, PNV, PP y VOX. 306 votos a favor y solo 36 en contra, como demostración del consenso que existe sobre el tema de la reincidencia; aunque también es una muestra de las notables divisiones presentes en la coalición de fuerzas que sostiene a Sánchez en el poder.