Una “profunda preocupación” es lo que hay en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CaCyL) motivada por el “atasco judicial” provocado por el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, con retrasos derivados de la implantación de los Tribunales de Instancia. Desde el organismo se tema que esto acabe en un “colapso en los tribunales”.
Además, los abogados de Castilla y León han advertido del perjuicio que ocasiona a la ciudadanía la comarcalización, que afecta a León y Valladolid, y centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en sus capitales y Ponferrada desde el pasado 1 de enero. Una medida que “obliga a las víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración, generando desigualdades en función de dónde residan”, declaró Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de los abogados en la región.
En el comunico de CaCyL, Rodríguez Santocildes apunta que “existe una inquietud creciente ante el atasco que ya se está produciendo y el previsible colapso que esta reestructuración puede generar, ya que el nuevo modelo exige una organización de mayor complejidad” y avisa de que esto podría generar “graves consecuencias para los profesionales, ya que la ralentización del funcionamiento de los órganos judiciales tendrá un impacto directo en la economía de los despachos”.
Nuevas competencias en los órganos judiciales
La preocupación de los abogados de Castilla y LEón se extiende también a la asunción de nuevas competencias en los órganos judiciales, en las que están relacionadas con los delitos contra la libertad sexual por parte de las secciones de Violencia sobre la Mujer. Esta ampliación, consideran, “supondrá un notable incremento de la carga de trabajo, agravado además por la comarcalización de los juzgados en las provincias de Valladolid y León, donde serán las capitales y Ponferrada los partidos judiciales que asumirán todos los asuntos de violencia de género y sexual de la provincia”.
El presidente de CaCyL ha lamentado “esta situación, que obligaría a muchas víctimas a desplazarse largas distancias para prestar declaración, podría dejar a la ciudadanía de las zonas rurales en una clara situación de inferioridad y refleja, en el fondo, la tendencia a la desaparición a medio plazo de los partidos judiciales del mundo rural”.
Son necesarios más medios
Desde la abogacía castellanoleonesa se apuesta por reforzar las oficinas municipales de Justicia como “verdaderos puntos tecnológicos de atención”. El objetivo que hay que alcanzar es “es dotarlas de medios suficientes que garanticen un funcionamiento eficaz, la presencia profesional y una justicia de proximidad que no dependa de la ubicación física del tribunal”. Así, se destaca el papel que desempeñan las diputaciones provinciales y se afirma que “desde la abogacía se impulsará de manera conjunta su colaboración para asegurar el buen funcionamiento y la eficacia de estas oficinas”.
Además, desde el CaCyL se repite el “firme compromiso” para colaborar de forma activa en la detección de posibles incidencias e irregularidades de la nueva organización judicial, así como en la búsqueda coordinada de soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema”.
Los frentes abiertos en este 2026
También se hace hincapié desde CaCyL a otros “frentes abiertos que marcarán el inicio de 2026”, siendo uno de ellos la “dignidad en la jubilación”. En este aspecto, la abogacía mantiene su “exigencia firme” de la pasarela al RETA para los mutualistas.
En su comunicado, desde la institución de abogados se dice que “un abogado que ha defendido los derechos de los demás durante 40 años no puede ser abandonado por el sistema al jubilarse. La Constitución reconoce el derecho a la suficiencia económica durante la tercera edad”.
Otro punto importante, que es una reivindicación histórica de la profesión, es el de aprobar una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que “dignifique el trabajo de los profesionales del turno de oficio, garantizando remuneraciones justas y actualizadas”.