A menudo se habla de violencia policial, es decir, del uso indebido de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, un tema que se volvió relevante en espacios como el cine y la literatura desde los años 70 y en noticia destacada en los diarios. Aproximadamente desde la misma época en España al coincidir con el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia.
Se toca menos, sin embargo, el tema de la violencia a la que están expuestos los agentes de seguridad, y que puede ir desde golpes y empujones hasta asesinatos, como fue el caso de los 210 guardias civiles asesinados por ETA en un período de 42 años.
78.400 atentados en cinco años
Amenazas y agresiones verbales, empujones o cualquier forma de contacto físico, golpes o patadas, uso de armas blancas, de fuego o de cualquier herramienta u objeto que se pueda blandir como arma o causar daños graves, como un coche, son las formas de agresión más importantes a a que se puede ver expuesto un policía local, un policía nacional, un guardia civil o cualquier otro agente de seguridad.
El Ministerio del Interior lleva la cuenta: entre 2021 y 2025 hubo 78.400 atentados o agresiones contra la autoridad, de los que más de un 90% fueron agentes de seguridad.
En 2021 se perpetraron 15.397 atentados de esta clase, y en 2024, último año del que existen cifras completas, fueron 16.878, lo que implica un aumento de casi un 10%.
Aunque no se dispone de las cifras completas de 2025, es probable que el número de delitos de esta clase sea similar al de 2024.
El año pasado la violencia ejercida contra autoridades entre enero y septiembre sumó 12.645 infracciones, es decir, casi 1.200 casos mensuales de atentados o agresiones a funcionarios públicos, y sobre todo a agentes de seguridad.
Regiones de España donde se producen más atentados a la autoridad
Dos tercios de las agresiones registradas por el Ministerio del Interior, cerca de un 65%, se producen en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, ocupando esta última el primer lugar en 2021, aunque fue desplazada de esa posición por Andalucía en 2024.
En el lado contrario, en lo que se conoce de 2025, se encuentran Ceuta y Melilla, seguidas por La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura y Asturias.
Lo que dice el Código Penal
Los funcionarios públicos y, sobre todo los agentes de seguridad, son personas que a menudo se exponen para hacer cumplir la ley, a veces para protegernos, y a menudo también para castigarnos cuando la infringimos.
Nunca ha sido un trabajo fácil, por lo que es natural que en el Código Penal varios artículos, los que van del 550 al 556, estén dedicados a castigar las agresiones cometidas contra funcionarios, en el capítulo II, “De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia”.
En el artículo 550, en el apartado 2, se indica: “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.
En el artículo 551 estas penas de prisión pueden ser mayores si en la agresión se emplean armas y otros objetos peligrosos, si se arremete con un vehículo automotor o se realiza cualquier acción que ponga en peligro la vida del agente de seguridad.
Lo cierto es que hay cada vez más violencia en las calles y nuestros agentes y otros funcionarios públicos siguen siendo los que están más expuestos a las agresiones cuando tratan de mantener y restaurar el orden.