El “sobreturismo” se ha convertido en un verdadero problema en España, aunque se trate de un posible “daño colateral” causado por la industria que mayores beneficios genera al país. Sobre todo al aumentar el ruido y las alteraciones de orden público en zonas residenciales, elevar los alquileres, o reducir las posibilidades de acceso a la vivienda a las parejas jóvenes.
El alquiler turístico de pisos y viviendas sin control ha obligado al Estado y a las Administraciones de las comunidades autónomas a tomar medidas, como anular permisos o establecer regulaciones más estrictas, tal y como lo está haciendo la Junta de Andalucía.
13.000 viviendas “canceladas”
La Junta de Andalucía ha anunciado la cancelación del permiso para uso turístico de 13.037 viviendas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía, como parte de una “estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro”.
Estas declaraciones fueron dadas por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, y agregó que “estos datos confirman que el Gobierno de Juanma Moreno actúa con firmeza, rigor y equilibrio, con una política turística que garantiza la convivencia entre los residentes y los visitantes al mismo tiempo que establece mecanismos para combatir la actividad ilegal”.
El turismo sigue siendo la principal actividad económica en Andalucía, pero la aparición de plataformas como Airbnb y otras similares han propiciado la expansión de la actividad turística hasta un punto que ha logrado afectar la convivencia y las posibilidades de alquilar para quienes residen de forma permanente en la comunidad.
Viviendas de uso turístico canceladas por regiones
La norma que condujo a estas cancelaciones no es tan nueva, entró en vigor en abril de 2025 y tiene como principales puntos que no es posible alquilar viviendas para uso turístico sin la autorización expresa de la comunidad de propietarios. Además de la existencia de zonas y urbanismos donde esta actividad estará restringida o completamente prohibida.
Aplicando esta normativa, se han sacado 13.037 viviendas del Registro de Turismo de Andalucía, discriminadas por provincias:
- Málaga: 4.731 cancelaciones, 1.385 de ellas en la capital.
- Granada: 2.138 cancelaciones, 1.198 en la capital.
- Cádiz: 1836, de las que 484 fueron en la capital.
- Sevilla: 1.468, 1.307 en capital.
- Almería: 991, en capital 186.
- Córdoba: 896 (capital, 755).
- Huelva: 587 (57 en capital).
- Jaén: 390, con 99 cancelaciones en capital.
Normativa que sirvió de apoyo legal a las cancelaciones
Para llevar a cabo estas 13.037 cancelaciones se utilizaron como apoyos legales dos decretos: el Decreto 31/2024 y el Decreto Ley 1/2025.
El 31/2024, promovido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, modifica y aclara algunas normas relacionadas con las “viviendas de uso turístico, establecimiento de apartamentos turísticos y hoteleros”. :En él se señala la potestad de los ayuntamientos para establecer límites sobre el número de viviendas de uso turístico y las zonas donde pueden estar.
El Decreto Ley 1/2025 fue impulsado en conjunto por las consejerías de Turismo y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y da poder de decisión a los miembros de la comunidad de propietarios para decidir si quieren una o más viviendas de uso turístico en su edificio o sector.
También se ha mejorado la operatividad del Registro de Turismo, que negará automáticamente el número de registro a aquellas viviendas que lo estén solicitando y se encuentren en zonas limitadas o donde estén prohibidas nuevas viviendas para turismo.
De este modo, en palabras de Arturo Bernal, “Andalucía demuestra que es posible compatibilizar liderazgo turístico, calidad de vida y ordenación urbana, con políticas serias, datos objetivos y una hoja de ruta clara”.