Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron 15.289 casos de usurpación o allanamientos de inmuebles, concentrados principalmente en Madrid y Barcelona, y en menor número en el resto del país. Estas cifras dejan por fuera otra clase de okupaciones no reportadas, y las que ahora se conocen como inquiokupaciones.
Se habla informalmente de inquiokupación cuando un inquilino deja de pagar, pero sigue ocupando la vivienda y se niega a desalojar. En cualquier caso y aunque parezcan números bajos, se trata de un tema que sigue preocupando a los propietarios y que la ley y las autoridades con frecuencia no ayudan a resolver.
Los murcianos atacan: una solución contra los okupas
El municipio de Alguazas, en Murcia, tiene poco más de 10.000 habitantes y es parte de la comarca de la Vega Media del Segura. Se está haciendo conocido porque acaba de aplicar una medida ingeniosa con la que se deshicieron de casi 100 okupas sin necesidad de acudir a tribunales, sin enfrentamientos y sin violar la ley.
El procedimiento es bastante simple: tapiar la entrada principal. Es simple, pero requiere de coordinación entre residentes y autoridades locales y de velocidad para actuar. La operación es del siguiente modo: se vigila la vivienda okupada y cuando los usurpadores salen, de compra o a realizar otra actividad, una cuadrilla integrada por vecinos y autoridades locales corta los servicios de luz y agua, retira la puerta de la vivienda y se levanta un muro de ladrillo que cubre por completo la entrada.
Al regresar, el okupa no puede entrar de nuevo en la casa y no puede reclamar porque es un ocupante ilegal. De esta manera, en el municipio han logrado recuperar dos edificios completos y 94 viviendas.
Una medida legal y efectiva
Algunos de estos espacios se utilizaban para actividades delictivas, como el cultivo ilegal de marihuana y el tráfico de drogas, y atraían a otras personas con antecedentes delictivos. Es por ello que al recuperarse las viviendas también se ha mejorado la seguridad en la vecindad donde está el espacio usurpado. En estos casos ha sido importante el apoyo de la policía, para evitar incidentes violentos y proteger a los vecinos y empleados del ayuntamiento mientras quitan las puertas y levantan la pared de ladrillos. De esta manera no solo se recuperan viviendas, también se recuperan zonas conflictivas.
La medida puede parecer ilegal, pero no lo es, dado que se trata de una acción conjunta del ayuntamiento con los propietarios. Además, se lleva a cabo en propiedades donde los okupas no tienen ninguna protección judicial; y se realiza sin que se produzcan acciones violentas, contando con la protección de la policía.
De este modo, los propietarios recuperan lo que es legalmente suyo sin necesidad de gastar en abogados ni de perder tiempo y dinero en juicios que, a menudo, no se concretan con la salida de los okupas. La estrategia de Alguazas para deshacerse de los okupas está siendo observada con atención por otros municipios de Murcia, y también de otras regiones de España donde existe este problema.
El municipio ha sido contactado por otras autoridades regionales para conocer más a fondo cómo se organizan estos operativos y para adaptarlos a sus realidades. Hay que recordar que es una medida que se puede aplicar siempre y cuando no tenga alguna clase de protección judicial.
Otro efecto positivo de esta experiencia es que no solo aleja a los okupas que se habían instalado en la zona, también disuade a otros, enterados de lo sucedido, de intentar nuevas usurpaciones en el sector.