Antes de la invención de la agricultura todos los seres humanos fueron nómadas, y solo hay que considerar que esta actividad tiene apenas unos 10.000 años, mientras que el Homo sapiens tiene cerca de 300.000, para entender por qué viajar. Se sabe que la necesidad de moverse del lugar donde estamos parece estar muy dentro de nosotros.
Esto también explica la existencia, aún en nuestros días y en Europa, de grupos humanos que prefieren moverse en caravanas, cargar con sus hogares encima, o viajar dentro de sus hogares, y cambiar de sitio cada cierto tiempo. Y ello aunque este modo de vida puede terminar enfrentado con normas que regulan los asentamientos urbanos y rurales.
Los propietarios de caravanas versus normas municipales
Cuando se habla de comunidades o grupos familiares que van de un lado a otro en caravanas, enseguida se piensa en los gitanos. Sin embargo, en Inglaterra a los que viven de esta manera se les conoce como travellers, que además de familias de origen romaní incluye irlandeses, escoceses e ingleses, y que a veces también se agrupan bajo las siglas GRT (Gipsy, Roma y Traveller).
Recientemente, a una Traveller Family las cosas no le han salido bien en una finca cercana a Pulborough, en el ayuntamiento del distrito de Horsham. A principios de este año, Tony Castle, Benjamin Keet y William Hughes compraron una finca, Staalcot Farm, cerca de Pulborough, la dividieron en cuatro parcelas y establecieron en cada una sus caravanas y otras instalaciones necesarias para su funcionamiento.
Esto parece no haber agradado a los vecinos, pero también hay que decir que a estos “viajeros” ya el ayuntamiento les había negado el permiso para establecerse del modo como tenían pensado, “porque perjudicaba el carácter rural de la zona”. En consecuencia, las autoridades exigieron a las familias retirar las caravanas y los otros equipos, y restaurar el terreno hasta volver a sus condiciones originales, en un plazo no mayor a seis meses.
La situación derivó en un enfrentamiento entre los vecinos y los nuevos residentes (¿otra muestra de la ancestral rivalidad entre nómadas y sedentarios?), en la que tuvo que intervenir la policía, aunque no hubo víctimas que lamentar.
La orden de desalojo y el papel de una inspectora urbanística
Los nuevos propietarios apelaron la decisión del ayuntamiento y cuestionaron los motivos por los que se les negaba el permiso. De acuerdo con los ocupantes, el lugar donde pensaban desarrollar el proyecto residencial (que incluía una caravana, una casa móvil y un pequeño almacén en cada parcela), se encontraba alejado y fuera del campo de visión de la carretera. Y también hicieron hincapié en que no tenían otro lugar para establecerse.
Los vecinos y las autoridades del ayuntamiento pensaban lo contrario, y al final la decisión quedó en manos de una inspectora urbanística, Elizabeth Pleasant, cuyo veredicto coincidió con el del ayuntamiento: “El perjuicio se produce por la magnitud y el diseño de la propuesta en un entorno rural y junto a un camino de uso público”.
A pesar de la decisión, la inspectora urbanística no dejó de dar la razón en parte a los viajeros: en el municipio no existen instalaciones adecuadas para familias que practican el nomadismo, y hay que tener en cuenta además los intereses de los menores de edad que son parte de esta familia. Sin embargo, “los efectos negativos que he identificado al conceder el permiso urbanístico superan claramente a los beneficios”.
Por último, también recomendó dar un mayor plazo a la familia para que puedan hallar otro lugar donde vivir, y no descartó la posibilidad de que en un futuro se pueda aceptar un proyecto residencial en esa misma finca que sea menos invasivo.