La Guardia Civil se incautó el pasado año en Castilla y León de más de 14.121 armas, de las que 6.900 eran de fuego. Aunque la mayor parte de las intervenciones se produce por la caducidad de las licencias, en un 15 por ciento de los casos las armas fueron retiradas por sentencias judiciales, por faltas relacionadas con la caza o por presuntos delitos de malos tratos.
La cifra de armas de fuego requisadas, que según fuentes de la Benemérita se mantiene estable en los últimos años, representa el 2,9 por ciento del total de armas legales existentes en la autonomía. Así de las 236.221 armas autorizadas en Castilla y León, más de un 98 por ciento se destinan a la caza: 211.634 son escopetas (89,5 por ciento) y 20.471, rifles (8,6 por ciento). El resto se emplean en tiro olímpico (2.751), seguridad privada (1.110) y defensa personal (255).
Por provincias, León figura a la cabeza con 4.050 armas intervenidas, el 28,6 por ciento del total, por delante de Zamora con 2.466 (17,4 por ciento) y Salamanca con 2.116 (14,9 por ciento). En el lado opuesto se sitúa la provincia de Segovia, donde el pasado año fueron requisadas 451 armas (3 por ciento), por delante de Burgos (532), Soria (891) y Ávila (980).
Con mucha diferencia, León encabeza también el número de armas de fuego autorizadas con 63.070, el 26,6 por ciento del total, por delante de Valladolid, con 25.902 (10,9 por ciento), y Zamora 25.380 (10,7 por ciento). Segovia ocupa el último lugar con 13.133 (5,5 por ciento), seguida de Soria con 13.444 (5,6 por ciento).
Como es lógico, el número de licencias (151.693) es muy inferior al de las armas en circulación, ya que en el caso de las escopetas de caza (tipo E), el poseedor puede manejar una docena de ellas, mientras que en el caso del rifle (tipo D), el número es ilimitado, según explicaron fuentes de la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de León.
Durante el pasado año, la Benemérita renovó en la Comunidad 5.312 licencias de tipo ‘D’, concedió 1.305 nuevas y denegó 72, mientras que en el caso de las escopetas de caza, renovó 16.325, autorizó 1.178 nuevas y denegó otras 255.
Una vez que se produce la incautación, el propietario tiene de plazo un año para recuperar su arma antes de que la Guardia Civil la pueda incluir en una subasta. En todos los casos, ya sea por decisión judicial o por caducidad de la licencia, el propietario del arma será, previa comunicación de la Unidad de Intervención de Armas correspondiente -hay una en cada provincia- el que determine el precio de salida en la subasta.
Aproximadamente, un tercio de las armas intervenidas son recuperadas por los propietarios, generalmente tras renovar su licencia o bien por decisión judicial, otro tercio cambian de propietario tras las subastas que organizan las comandancias de la Benemérita en la Comunidad y el tercio restante acaban achatarradas.
En las subastas de la Guardia Civil, que al menos se tienen que celebrar una vez al año en cada una de las comandancias, o siempre que se acumulen 200 armas, se pueden encontrar auténticos chollos, aunque desde la propia Benemérita se destaca que existen profesionales y expertos en armas que van, de subasta en subasta, en busca de las mejores gangas.
La subastas se realizan mediante la modalidad de pliego cerrado y los interesados disponen de cinco días para examinar las armas. Los lotes o las armas que resulten desiertos se incluirán de nuevo en la siguiente subasta, con rebaja del 25 por ciento de su anterior valoración. Si algún lote quedase nuevamente desierto en esta segunda subasta, las armas se reducirían a chatarra.
