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La Agencia Tributaria refuerza el control: te multarán si presumes de un nivel de vida que no concuerde con tu Renta

por Paco Magar
30 de marzo de 2025
en Economía
Algunos consejos importantes a tener en cuenta.

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La Agencia Tributaria está decidida a prevenir y combatir el fraude fiscal durante el ejercicio 2025. Para lograrlo, ha elaborado un Plan Anual de Control Tributario y Aduanero en el que establece directrices para evitar y corregir esta fuga impositiva.

Una de las principales líneas de actuación es la intensificación de las investigaciones a las personas que manifiesten un estilo de vida que no se corresponda con las rentas y el patrimonio declarados.

¿Qué investigará la Agencia Tributaria?

La Agencia Tributaria considera que hay situaciones de personas que merecen una investigación. Se trata de ciudadanos que viven con cierta opulencia, dando muestras de riqueza que no condice con las rentas y el patrimonio que declaran. La investigación abarcará también a grandes empresas, grupos fiscales y a patrimonios destacados.

El objetivo es identificar operaciones que impliquen el uso fraudulento de las ventajas fiscales. La entidad se propone, entre otros objetivos, evitar que se oculten los beneficiarios reales de operaciones económicas que mueven gran volumen de dinero con el fin de evitar el pago de impuestos.

¿Dónde estará el énfasis en el control de la Agencia Tributaria?

Es de conocimiento popular que existen mecanismos que los evasores utilizan para sus fraudes. Además de los más conocidas, como el registro de gastos ficticios para reducir la base imponible, por ejemplo, existen otros medios de evadir impuestos.

Uno de estos mecanismos de control es la utilización de sociedades instrumentales. También llamadas “sociedades pantalla” o “sociedades interpuestas”, son sociedades en las que se oculta la identidad de los verdaderos propietarios de determinados bienes o ingresos.

Aunque pueden tener una función legítima, es frecuente que se asocien a prácticas de evasión fiscal o elusión de responsabilidades financieras. Estas sociedades sirven para canalizar dinero, facturar servicios con estructuras especiales que son difíciles de rastrear.

Con esta base, el control del análisis patrimonial y de ingresos de los contribuyentes en relación con su declaración de rentas, atenderá especialmente a la utilización de estas sociedades.  Asimismo, se tendrá en cuenta el aprovechamiento gratuito de bienes de una sociedad por parte de un socio y su círculo familiar para deducir impuestos.

Otra operación financiera que estará en la mira de la Agencia Tributaria es el papel de los inversores que participen en asociaciones de financiación, por las que se canalizan beneficios fiscales.

Los no residentes deberán regularizar sus situaciones

En España, los no residentes que poseen propiedades están sujetos al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que grava los ingresos generados en el país. Estos ingresos incluyen alquileres o ganancias patrimoniales derivadas de la venta de inmuebles.

La evasión de impuestos por parte de no residentes representa un desafío significativo para Hacienda. Implica la omisión o declaración incorrecta de obligaciones fiscales por individuos u organizaciones que generan ingresos en España sin tener residencia fiscal en el país.

Los estudios de la Agencia Tributaria indican que entre el 20% y el 30% de las declaraciones de no residentes serían irregulares, lo que supone una evasión fiscal significativa en este ámbito.

¿Qué sanciones se aplicarán a los infractores?

Cuando la Agencia Tributaria identifica contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con los ingresos y patrimonio declarados, iniciará procedimientos de inspección. Esta medida tiende a determinar si ha habido infracción tributaria.

Las infracciones serán sancionadas con multas, cuya cuantía dependerá de la gravedad. Las infracciones leves se castigarán con multas entre 100 y 200 euros.  En las graves, las sanciones van desde 200 a 750 euros. Quienes cometan infracciones muy graves, pagarán multas que oscilan entre los 750 hasta los 30.000 euros o más, dependiendo del perjuicio económico causado.

Con estas medidas, Hacienda busca mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y reforzar la transparencia.

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