Esa frase que afirma que todos podemos hacer lo que nos venga en gana con nuestro dinero es relativamente cierta, al menos cuando se trata de movimientos bancarios, como pagos, transferencias o depósitos.
Cuando realizamos algunas de estas actividades es posible que caigamos bajo la lupa de Hacienda, que puede interesarse por el lugar de procedencia del dinero y el motivo de la transacción.
No todo movimiento bancario es sospechoso, pero las agencias tributarias de muchos países establecen un límite a partir del cual los bancos deben informar al fisco, y este puede investigar, y eventualmente si existen motivos, aplicar sanciones o abrir procedimientos judiciales.
Los límites que impone la Ley
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y la lucha contra el fraude, establece los siguientes límites:
- Pagos y cobros que superen los 3.000 euros.
- Transacciones de dinero que sobrepasen los 10.000 euros.
- Préstamos y créditos superiores a los 6.000 euros.
Los bancos y otras entidades financieras están obligados a informar al fisco sobre cualquier movimiento de dinero que supere estos límites. Junto a ello, las personas autoras de la transacción deben cooperar, o arriesgarse a pagar una multa que puede alcanzar hasta el 50% de la cuantía por la que se está indagando.
¿Qué pasa con las transferencias a nuestros hijos y otros parientes?
Una de las transferencias más comunes es la que hacemos a nuestros hijos de forma regular cuando están estudiando lejos de casa, o de forma esporádica cuando son parte de una pareja joven con problemas económicos.
Estos movimientos bancarios pueden parecer bastante inocentes y, sin embargo, han quedado bajo la mira de los funcionarios de Hacienda.
Las transferencias a familiares pueden funcionar como una tapadera o cubierta para evadir el pago de impuestos, o como parte de una operación de lavado de dinero. Para impedirlo, Hacienda comienza a pedir cuentas cuando una transferencia bancaria entre familiares supera los 6.000 euros.
En estos casos, la Agencia Tributaria solicitará a la entidad bancaria y después a nosotros, datos sobre la procedencia del dinero y el motivo de la transacción.
Cuando la transferencia es superior a los 10.000 euros el control de Hacienda puede ser más estricto, pues a partir de este importe además de la Ley 7/2012 hay que cumplir con pasos y trámites contemplados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril).
En este caso hay que avisar con anticipación al banco que se va a hacer una transacción y es probable que debamos entregar documentación adicional.
Si se trata de transacciones demasiado frecuentes, aunque las cifras oscilen entre 3.000 y 6.000 euros, igual podemos ser interpelados por Hacienda si creen que hay motivos para sospechar.
También es bueno recordar que las transferencias que se hacen bajo el concepto de donaciones son susceptibles de pagar impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuyo porcentaje varía en las comunidades autónomas.
Lo que puede pasar si no justificamos las transferencias
Si no proporcionamos la información solicitada por la Agencia Tributaria podemos enfrentarnos a multas que pueden ir del 50% al 150% del importe de la transferencia. Por ejemplo, si la transacción fue por 12.000 euros, la multa podría oscilar entre los 6.000 y los 18.000 euros.
Si queremos evitar pasar por un momento desagradable, lo mejor es realizar las transferencias teniendo toda la documentación en regla, y responder a todas las solicitudes de información del banco o de Hacienda.