La pobreza infantil es un desafío preocupante en España. Las tasas son significativamente altas en comparación con otros países europeos. Según informes recientes, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
El problema tiene un impacto directo en el bienestar de los niños, limitando su desarrollo. No se les garantiza el acceso a los derechos fundamentales, como la alimentación adecuada, la vivienda digna, la salud, la educación.
Los hogares monoparentales, las familias numerosas y aquellas en situación de desempleo son los más vulnerables. Se enfrentan a dificultades para cubrir las necesidades básicas de los niños. Esta falta de recursos provoca consecuencias en el desarrollo emocional y social de los pequeños. Y los adultos no ven la salida.
¿Por qué el gobierno tiene que actuar para solucionar el problema de la pobreza infantil?
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos básicos de todos los niños y de promover la igualdad de oportunidades desde la infancia. Por lo tanto, debe asumir el problema e intervenir para solucionarlo.
Así lo establece la Constitución Española y diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Es imprescindible que el gobierno y las instituciones públicas asuman un compromiso activo para abordar esta problemática de manera efectiva y sostenible. Por eso, para cumplir con su responsabilidad se ponen en marcha políticas públicas que combinan medidas a corto y largo plazo.
En España existen programas sociales que promueven el acceso a la educación, sanidad, alimentación, vivienda y protección social. Sin embargo, a pesar de que estos programas están en marcha, los indicadores actuales muestran que muchas familias con niños no consiguen el apoyo necesario para salir de situaciones de extrema vulnerabilidad económica.
Medidas especiales para fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil
Tener un hijo es casi un lujo para muchas parejas en España. Las parejas jóvenes postergan el nacimiento de hijos e incluso renuncian a esa posibilidad.
Entre los factores más destacados que inciden en esta decisión se encuentra la incertidumbre económica, el elevado índice de desempleo, la precariedad laboral, la dificultad para el acceso a la vivienda.
Los jóvenes piensan en todo lo que cuesta criar un hijo y ofrecerle la educación adecuada y el panorama se les vuelve muy oscuro. Por lo tanto, lo postergan.
Por otro lado, las familias que viven en contexto críticos y muy vulnerables viven en condiciones económicas desesperantes. En esos contextos, las familias suelen ser muy numerosas y no existe control de la natalidad. Y así la pobreza infantil crece.
En este contexto, se ha generado una necesidad urgente de medidas que permitan paliar la situación y garantizar un mínimo de recursos para que el desarrollo de un hijo no sea un problema.
La prestación universal por crianza
La prestación universal por crianza es una propuesta del gobierno español que apunta a dos objetivos: combatir la pobreza infantil y fomentar la natalidad.
Consiste en otorgar una ayuda económica mensual de 200 euros por hijo a las familias con hijos menores de edad. La propuesta está destinada a todas las familias. De ahí su nombre de «prestación universal». Por lo tanto, será accesible a todos independientemente de su situación laboral o de ingresos.
Las previsiones de los equipos técnicas dicen que con esta prestación se podría reducir hasta en un 43% la tasa de extrema pobreza de los niños. Otra medida importante que podría favorecer los nacimientos y la atención a los hijos es la escolarización gratuita de cero a tres años.
Las medidas fueron anunciadas por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La Ministra afirma que la propuesta ha recibido el respaldo tanto de Hacienda como del resto del Ejecutivo. Se integrará a los Presupuestos Generales del Estado del 2025. Por lo que todo hace pensar que entrará en vigor en este año.