Hay una situación crítica vinculada con MUFACE, y muchos se preguntan qué pasa con la cobertura sanitaria de un millón y medio de funcionarios, además de sus familiares directos. El futuro de MUFACE se tiene que resolver en apenas dos semanas; el plazo se acaba para que las aseguradoras se adhieran (o no) al convenio previsto.
En la práctica, la dificultad está en que cuando el Gobierno parecía que había dirigido las reticencias de las mutuas, una de ellas se ha desmontado a último momento. Adeslas, que presta atención sanitaria a casi la mitad, no ha aprobado la última oferta de una subida del 33% de la prima por mutualista, ya que asegura que tendrían grandes pérdidas.
Para que MUFACE pueda prestar sus servicios, la secretaría de Estado de la Función Pública anuncia cada 2 o 3 años un concurso al que se pueden presentar distintas aseguradoras de salud. A cambio, las mutualidades abonan a las entidades acordadas una prima por persona protegida.
¿De qué trata MUFACE?
Se trata de un organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios públicos. En total cubre a 1,49 millones de personas, todos son empleados públicos (en activo y jubilados) o familiares de estos.
Como hemos visto, para que este organismo pueda prestar sus servicios, la Secretaría de Estado de la Función Pública publica cada dos o tres años un concurso al que se pueden presentar aseguradoras de salud. En contrapartida, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida.
Las aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio (Adeslas, Asisa y DKV) han elegido no presentarse al nuevo convenio porque consideran que la propuesta económica es escasa para lo que implica el proceso. De hecho, estas tres aseguradoras implicadas en el organismo afirman que han perdido grandes cantidades de dinero con el último concierto establecido y la subida que les ofrece el Ejecutivo en estos momentos no les parece suficiente para llevar a cabo un nuevo proceso de forma efectiva para todos los involucrados.
Análisis de la situación que se presenta con MUFACE
El panorama es crítico, cientos de miles de personas no saben lo que va a pasar con su asistencia sanitaria; entre otros colectivos los policías nacionales, funcionarios de ministerios, entre otros empleados públicos. Estos funcionarios muchas veces no entienden ni las últimas comunicaciones de MUFACE, y existe una preocupación total entre ellos, de lo que va a pasar a partir del 31 de enero con su asistencia sanitaria y la de sus familiares directos.
Miguel Borra, Presidente del CSIF (Sindicato de Funcionarios), sostiene que el Gobierno sacó la licitación muy tarde por todo lo que implica esta gestión. Además, el CSIF ha estado comunicando las dificultades que se ha encontrado durante este proceso y se concentraron para ver la presión que podían hacer y qué se presentarán algunas soluciones en concreto.
De hecho, Miguel Borra, Presidente del CSIF, aclara que MUFACE es un modelo de asistencia pública que surge en los años 70 y se presta en colaboración público-privada. Bajo esta situación, desconocen lo que hará Asisa ni lo que va a pasar más adelante; por ello, le exigen al Gobierno que haga público lo que dijeron las aseguradoras.
Desde esta perspectiva, MUFACE tiene que encontrar alguna fórmula legal que le permita seguir dando a los funcionarios las prestaciones de salud en las mismas condiciones que lo ha hecho hasta ahora. Con la finalidad de evitar que todos los beneficiarios de la mutualidad acaben en la sanidad pública, que está muy saturada.
El Ejecutivo ante esta situación se encuentra preparando una licitación exprés para intentar resolver el problema. Habrá que estar atentos a las próximas novedades en este tema.