Actualmente, la Audiencia Nacional funciona con seis juzgados centrales de instrucción, el último de los cuales fue creado hace casi tres décadas, en 1997. Desde entonces no se han creado más plazas, a pesar de que el mundo ha sufrido grandes transformaciones, los casos crecen en número y son cada vez más complejos.
La Audiencia Nacional española ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la creación urgente de dos juzgados centrales de instrucción para unirse a los seis ya existentes, que desde hace años se encuentran desbordados y actualmente están al borde del colapso.
Situación actual de la Audiencia Nacional
En su su última reunión del 16 de enero, los jueces señalaron algunos de los factores que han llevado a una “situación próxima al colapso”: el aumento acelerado de los casos de estafa digital y otros delitos por internet, el incremento de las órdenes europeas de detención, y los procedimientos que llegan de la Fiscalía Europea.
Esto se suma a otras actuaciones y procesos llevados adelante por la Audiencia Nacional en torno a grandes casos de corrupción, terrorismo, narcotráfico y hasta investigaciones sobre criptomonedas.
Y la situación se complica aún más con la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la que se elimina el juez decano, una figura que servía de enlace entre los juzgados, y cuya falta solo puede compensarse con la creación de una presidencia. Pero esto solo es posible si los juzgados de instrucción son ocho, y no seis, como sucede actualmente.
Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, señala que la solicitud al Consejo General del Poder Judicial se hizo en julio del año pasado, y que había sido incluida en el plan nacional de ampliación de la planta judicial, pero no se ha dado ningún paso en esa dirección, y la situación se está haciendo insostenible.
La nueva oficina judicial
Otro aspecto que preocupa a los jueces de instrucción es la falta de información sobre la nueva oficina judicial. Es decir, qué pasos se darán para implementarla, y de qué manera los funcionarios y letrados se verán afectados por los cambios.
El nuevo modelo contempla tribunales de instancia con una oficina de apoyo, y desaparecen los juzgados individuales. Para los magistrados hay “una absoluta ausencia de información” sobre cómo se van a realizar estos cambios.
Otro espacio que se encuentra sobrepasado es la Sala de lo Penal, para la que el Consejo General del Poder Judicial aprobó la incorporación de tres magistrados en comisión de servicio. Se trata de una manera de aligerar la carga y reducir los casos y procedimientos que están esperando por una decisión.
Un escenario parecido en las comunidades autónomas
La situación en la Audiencia Nacional también se percibe en otros planos de la justicia, en comunidades como Galicia donde los retrasos son patentes sobre todo en los juzgados de lo social, donde los juicios por despido pueden tardar años, y en la jurisdicción civil los procedimientos se acumulan sin tener fecha de resolución.
En Cataluña, en cambio, es el Tribunal Superior de Justicia el que se siente avasallado por el número de casos que debe atender;. Por otro lado, los jueces en Canarias están preocupados por los retrasos judiciales que puede llegar a producir la implementación del nuevo modelo de tribunales si se hace sin una planificación clara.
Es posible que la situación cambie un poco este año, si se cumplen algunas de las promesas hechas por el Gobierno, como la creación de 500 nuevas plazas judiciales, entre las que se incluyen cuatro nuevas para la Audiencia Nacional.