Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada a principios de diciembre de 2025, 1 de cada 3 mujeres españolas sufrió en algún momento de su vida violencia machista en diferentes formas (física, verbal, económica o sexual). Por otro lado, el 12,7% de las mujeres que residen en España han sido víctimas de violencia sexual o física por parte de sus parejas.
No son buenas cifras, aunque hay que reconocer que en los últimos años el Estado y las diferentes administraciones han hecho esfuerzos considerables por cambiar esta situación, si bien otros datos más dramáticos, como los feminicidios, demuestran que es mucho lo que falta por hacer.
La expulsión de un guardia civil por violencia de género
Una manera de enfrentar este problema social es castigándolo y aplicando todo el peso de las leyes cuando haga falta, como se confirmó recientemente en un caso de violencia de género en 2020, donde estuvo involucrado un guardia civil de Ávila y que escaló hasta llegar al Tribunal Supremo.
Es un caso donde el Tribunal Supremo debió decidir dos veces, primero sobre las acciones del acusado, y luego sobre la decisión de la institución, y en ambos casos terminó fallando contra el acusado.
La noticia más reciente es que el Supremo confirmó la expulsión del agente del cuerpo de la Guardia Civil, por haber recibido sentencia firme al atacar a su exmujer en 2020, cuando la encañonó con un arma, amenazó de muerte a la persona que la acompañaba y la pateó.
La historia: dos hombres y una mujer en una noche de 2020
El 2 de marzo de 2020 la mujer se encontraba en un coche con otro hombre cuando apareció de pronto el guardia civil, que sacó al hombre del coche, lo hizo arrodillarse y le apuntó con un arma en la cabeza diciendo que lo iba a matar.
La mujer salió del coche preguntando a gritos si la iba a matar a ella también, dando tiempo al hombre amenazado de salir corriendo.
El guardia, que tenía dos armas (una de reglamento y otra de su propiedad), apoyó la pistola en la sien de la mujer y le dio varias patadas, luego volvió al coche y persiguió al hombre. Al alcanzarlo volvió a ponerle la pistola en la cabeza y simuló que le disparaba. Luego se fue.
Por estos hechos, el Juzgado Penal N° 1 de Ávila lo condenó en marzo de 2023 a 3 años y 9 meses de prisión, sentencia confirmada por la Audiencia de Ávila, y que se hizo firme al ser ratificada por el Tribunal Supremo.
Una vez que se confirmó la sentencia, el Ministerio de Defensa, siguiendo una recomendación de la Dirección General de la Guardia Civil, expulsó de este cuerpo al agresor.
La decisión del Tribunal Supremo
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al evaluar el caso, confirmó la decisión del Ministerio de Defensa de separar del servicio al funcionario por considerar que cometió una falta muy grave.
Para el Supremo se cumplen todos los requisitos que llevan a la expulsión: el funcionario fue objeto de una condena firme por un delito que, aunque no está directamente relacionado con su desempeño en la institución, perjudica su imagen, además de ser un crimen contra la ciudadanía.
Tal y como señala la sentencia:
“No hay duda de la importancia de los delitos de amenazas graves y de lesiones en el ámbito familiar ni de su impacto en los ciudadanos; como tampoco lo hay del serio daño que supone para el crédito de la Guardia Civil que uno de sus miembros resulte condenado por tales hechos”.
Este proceso judicial marca un camino a seguir a todos los cuerpos de seguridad cuando deban enfrentar casos de agentes y funcionarios involucrados, como agresores, en casos de violencia de género.