El caso de las monjas de Belorado, que ya debería tener su serie en Netflix, ha dado un nuevo paso en dirección a lo que parece ser un previsible final. La Audiencia Provincial de Burgos decidió rechazar las apelaciones introducidas por las ex monjas contra la sentencia que les ordenaba desalojar el monasterio de Santa Clara en 30 días, que están por cumplirse.
Se trata de un escándalo en el que se han mezclado asuntos inmobiliarios, teológicos, policiales y, finalmente, judiciales, donde las ex monjas trataron de mantener hasta el final lo que creían sus derechos sobre el monasterio, en su enfrentamiento contra la Iglesia católica y sus representantes en Burgos.
La sentencia de la Audiencia Provincial
El fallo de la Audiencia Provincial de Burgos es del 29 de enero, y en líneas generales rechaza los recursos interpuestos por las ex monjas contra la sentencia del Juzgado de Briviesca, de julio de 2025; además, confirma esta sentencia y señala que las costas deberán ser cubiertas por las apelantes.
En el fallo, la Audiencia reconoce que la propiedad del monasterio es de la persona jurídica, es decir, la Iglesia católica, y no de las ex monjas que todavía lo ocupan; y hace énfasis en que la ex abadesa no goza de atribuciones para separar el monasterio de la Iglesia.
“No puede esta superiora ejercer esta autoridad para alejar a la institución del modelo que le corresponde según las Constituciones y los Estatutos”, señalan, para luego afirmar que:
“Una vez constatada la falta de derecho de propiedad de las demandadas sobre el monasterio de Santa Clara, la decisión del Arzobispo de Burgos de expulsarlas del Monasterio es acorde con las facultades que tiene en su condición de comisario pontificio, que sustituye a la del superior mayor”.
Uno de los alegatos de las ex monjas es que, al separarlas del monasterio, estaban vulnerando su libertad religiosa, es decir, su decisión de separarse de la Iglesia oficial y de unirse al obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco. Sin embargo, esto también fue desestimado en la sentencia al considerarse que la libertad religiosa tiene que ver con las personas físicas y no con los edificios.
Las ex monjas presentaron los recursos de apelación en septiembre, pero no fue sino hasta el 27 de enero que la Audiencia Provincial se reunió para estudiar, deliberar y tomar una decisión que, aparentemente ya tenían muy clara, ya que el veredicto se dio dos días después.
Las monjas, entretanto, están intentando evitar el desahucio definitivo previsto para el 10 de febrero. La misma semana del fallo de la Audiencia han solicitado un nuevo aplazamiento del desalojo, argumentando que no todas las monjas recibieron la notificación de desalojo del juzgado de Briviesca.
Esta nota les daba un plazo de 30 días para irse de forma voluntaria, antes de proceder con el desalojo forzoso. Algo que solo servirá para ganar unos días más, pero no evita que deban retirarse del monasterio.
De la compraventa de inmuebles a la excomunión
Esta historia comenzó en 2024, cuando las clarisas de Belorado se embarcaron en una compraventa de monasterios, iban a vender uno en Derio para comprar otro en Orduña (que venían negociando con la diócesis de Vitoria desde 2020). En este sentido, al complicarse la situación involucraron a un socio externo que iba a aportar un millón de euros y del que no quisieron dar información.
Esto puso en alerta tanto al Obispado de Vitoria como al Arzobispado de Burgos y eventualmente las monjas, lideradas por sor Isabel de la Trinidad, rompieron con la Iglesia católica y se declararon propietarias del monasterio de Santa Clara.
Las monjas fueron excomulgadas y a partir de entonces comenzó el proceso judicial que debería concluir en los próximos días de febrero.