No es frecuente que monjas y jueces compartan espacio en las mismas noticias. Ambas figuras representan instituciones con peso social que se mueven en ámbitos muy distintos.
Pero de vez en cuando el relato periodístico las une. Y el efecto llama poderosamente la atención. En estos casos, la noticia despierta profunda curiosidad, porque se cruzan dos mundos que rara vez se encuentran públicamente.
Generalmente, la gente toma partido por las monjas o por los jueces, y la subjetividad impide ver la realidad.
Precisamente, la noticia de que unas ex monjas le reclaman derechos a un juez se ha convertido en un conflicto singular entre lo religioso y lo judicial. Un tribunal ha ordenado su desahucio del monasterio. Ellas han solicitado que no se ejecute y reclaman su derecho a permanecer en el lugar.
El origen del problema: las monjas rechazan la autoridad eclesiástica
En el año 2024, un grupo de monjas de la congregación de las clarisas de Belorado anunciaron públicamente que rompían con la iglesia católica. Su rechazo a la autoridad de la iglesia fue expuesto en un “Manifiesto Católico”. En el documento las monjas expresaban su desacuerdo con el Papa y manifestaban su voluntad de seguir un camino propio.
El motivo de la ruptura fue el desacuerdo con la disciplina y la vida en el convento, y con el control ejercido por Roma. Insistieron en que no abandonaban su fe, sino que buscaban vivirla según sus principios, sin someterse a la autoridad papal.
Las monjas fueron excomulgadas. Al mismo tiempo se inició un proceso judicial para determinar quién era el titular del convento en el que vivían. De estas actuaciones surgió el desahucio.
¿Qué dicen las autoridades de la eclesiásticas?
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, fundamentó la expulsión de las ex clarisas de Belorado diciendo que ellas mismas se habían apartado voluntariamente y habían abandonado la Iglesia católica. Con la excomunión perdieron el derecho a ocupar el convento.
El edificio en cuestión legalmente es propiedad de la Federación de Clarisas de la Iglesia. Las ex monjas ya no pertenecen a la orden, pues han dejado de ser miembros legítimos.
Por lo tanto, su permanencia en el convento se considera una ocupación sin título válido. Estos son los motivos que justifican el desahucio.
¿Cómo transcurre el proceso de desahucio de las ex monjas clarisas?
El proceso que conduce al desahucio de las ex monjas clarisas que viven en el convento de Belorado, comenzó en mayo de 2024. A partir de la rebelión que provocó su excomunión, el Comisario Pontificio comenzó un procedimiento civil con el objetivo de expulsarlas del convento y de recuperar el edificio.
Después de algunos meses de trámites, el Tribunal de Instancia de Briviesta dictó sentencia en agosto de 2025. En ella ordenó la entrega inmediata del inmueble a su legítima dueña, la Federación de Clarisas de la Iglesia Católica.
La reacción de las ex monjas
Las involucradas, ex clarisas, se negaron a abandonar el convento. Argumentaron que el procedimiento tenía defectos de forma, por los que solicitaron la suspensión de la ejecución.
El recurso se centró en que solo habían sido notificadas cuatro de las ocho monjas. Las otras cuatro que integraban el grupo no habían recibido la notificación.
La fecha fijada para el desalojo es el 10 de febrero. Si las ex monjas no abandonan antes el convento, las fuerzas del orden las forzarán a hacerlo. El abogado que representa a las rebeldes considera que es imposible que se pueda cumplir ese plazo y pide dejar sin efecto la fecha del 10 de febrero.
Todavía falta que se resuelvan los recursos que las ex monjas presentaron contra la sentencia de desahucio que dio la razón a la iglesia católica sobre la propiedad del monasterio.
La tensión entre la autoridad eclesiástica que exige el desahucio y las ex clarisas, que reclaman su derecho a permanecer en el convento, ha generado gran polémica tanto a nivel religioso como popular.
La perspectiva de una Iglesia autoritaria, que impone y no escucha a quienes piensan diferente, está una vez más en debate.