En el año 2023, siendo ministra de Igualdad Irene Montero, el Gobierno aprobó en la reforma hecha a la ley del aborto la creación de un registro de objetores de conciencia de profesionales sanitarios opuestos a la práctica del mismo. Se trata de una lista de médicos, enfermeros, anestesiólogos y otros profesionales de la salud que se niegan a practicar el aborto.
Se supone que se trata de un registro confidencial, y que el objetivo es tomar medidas para evitar que los objetores sean discriminados o colocados en situaciones de confrontación. Sin embargo, hay profesionales y políticos que no lo ven de esta manera, y que creen que este registro podría convertirse eventualmente en una “lista negra”.
El Gobierno versus la Comunidad de Madrid
Hasta hace poco, Aragón, Baleares y Madrid eran las únicas comunidades autónomas que se negaban a hacer el registro. Aunque las dos primeras cedieron después de recibir un requerimiento de Sanidad, Madrid mantuvo su posición, a pesar de una amenaza directa de la ministra de Sanidad, Mónica García, que anunció que llevaría al gobierno de Isabel Ayuso ante la justicia si no cumplían con el registro.
La ministra anunció este viernes 16 de enero que inició un recurso contencioso-administrativo contra la administración de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma, y señaló que:
“La Comunidad de Madrid ha tenido tiempo, ha tenido requerimientos, ha tenido margen suficiente para una cosa tan sencilla como cumplir la ley y ha elegido no hacerlo. Y cuando una administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar”.
La respuesta de la administración de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar, aunque las fuentes evitaron hablar directamente sobre el registro:
“Lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García, es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante”.
Una pelea anunciada
Sanidad envió un último requerimiento a la Comunidad de Madrid en octubre, dándole un plazo de un mes en 2025, y pasado este tiempo, la administración de Isabel Ayuso no solo no cumplió, sino que esta declaró:
“Preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer antes que un gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”.
El 15 de noviembre, García anunció, en respuesta a la actitud de Isabel Ayuso, y al incumplimiento con el registro de objetores de conciencia, que el Gobierno emprendería acciones legales. En la demanda, Sanidad afirma que:
“La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación”.
Madrid es hasta ahora la única comunidad autónoma que se resiste abiertamente a crear el registro, a pesar de que a este solo podrán acceder los responsables de gestionar los centros de salud.
Otras comunidades que todavía no han concluido el registro, pero lo están desarrollando, son Andalucía, Aragón, Asturias y Baleares.
Comenzar el registro sin esperar el resultado
El ministerio de Sanidad, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado al TSJM una medida cautelar “positiva”, para que se ordene a la Comunidad de Madrid comenzar a desarrollar el registro de objetores sin esperar al final del procedimiento.
La ministra ha insistido en la necesidad de este registro para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto sin que se presenten obstáculos.