Una abadesa y 7 monjas, excomuniones, el monasterio de Belorado, robo de arte sacro y religiosas enfrentadas contra el Estado: no es una novela de Dan Brown, o de John Grisham, ni tampoco una historia escrita por el marqués de Sade y ambientada en la Edad Media. Se trata de una serie de eventos que vienen ocurriendo en Burgos desde 2024.
En 2024, un grupo de monjas clarisas que habitaban el monasterio de Santa Clara, en Belorado llevaron adelante su propio cisma, al separarse públicamente de la doctrina de la iglesia católica, lo que llevó rápidamente a su excomunión y a la orden de desalojar el monasterio. Como todos sabemos, las exmonjas se negaron a cumplir la orden y acudieron a los tribunales.
El decreto de desalojo
A las monjas, lideradas por Laura García de Viedma (alias sor Isabel de la Trinidad), se les ordenó entregar las llaves del monasterio ese mismo año, pero estas se negaron y acudieron a los tribunales.
Desde entonces, el conflicto legal se ha visto salpicado por algo de discusión teológica para justificar el cisma, temas inmobiliarios y por la crónica policial. Todo ello llevó a intervenir a la Guardia Civil por denuncias de que las ex monjas estaban vendiendo arte sacro, que culminó con la detención provisional de dos religiosas.
Desde 2024, las monjas, de quienes las clarisas decidieron apartarse, continuaron viviendo en el monasterio, donde pasaron como tituló un medio digital, “de millonarias a okupas”, resistiendo en los tribunales las órdenes de desalojo.
Ahora las novedades y lo que podría ser la última etapa de este drama: el miércoles 7 de enero la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca ordenó el desalojo del monasterio de Santa Clara en un plazo de 30 días.
Si al cumplirse ese plazo el pequeño grupo que lidera Laura García de Viedma no ha abandonado el monasterio voluntariamente, hay una segunda resolución del tribunal que ordena la salida definitiva del monasterio el 10 de febrero a las 9:30 horas, por la fuerza, si es necesario.
Las resoluciones
La información fue proporcionada por la Oficina del Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, indicando que el 30 de diciembre el Tribunal de Instancia dictó un auto de ejecución provisional para “dejar libre y expedita a disposición de la parte actora la finca Monasterio de Santa Clara en Belorado”.
Esta resolución, “contra la que no cabe recurso alguno”, según la Oficina del Comisario, fue reforzada el 5 de enero con otro decreto del tribunal, estableciendo como fecha límite para salir del monasterio el 10 de febrero en la mañana.
Este decreto sí puede ser recurrido, por lo que si los abogados de las ex monjas lo hacen en los próximos 30 días, la fecha de ejecución del desalojo podría volver a posponerse.
No sería la primera vez que pasa, y además, todavía está pendiente el dictamen de la Audiencia Provincial sobre un recurso que las ex monjas introdujeron contra otra orden de desalojo del Tribunal de Briviesca, realizada en julio.
Las intervenciones de la Guardia Civil
Las razones que sustentan el desalojo son sencillas: al ser excomulgadas y expulsadas de la orden de las Clarisas, las ex monjas ya no pueden residir legalmente en el monasterio
Desde que empezó este conflicto religioso e inmobiliario, la Guardia Civil debió intervenir dos veces: la primera, como señalamos antes, para investigar una denuncia de que las monjas estaban vendiendo patrimonio de la iglesia; y la segunda, fue para trasladar a cinco monjas muy ancianas y enfermas que todavía permanecían en el convento.
Si las 8 ex monjas que permanecen en el monasterio de Belorado no se retiran voluntariamente, es bastante probable que la Guardia Civil se vea obligada a intervenir de nuevo.