El cierre de 2025 se produjo con nuevas medidas fiscales (dicho de otra manera: impuestos) que supondrán un aumento en los costes asociados a los vehículos diésel y de gasolina para el nuevo año, 2026. Así lo aprobó el Gobierno central, con el objetivo de cumplir con las directrices climáticas marcadas por la Unión Europea. Estas nuevas tasas buscan limitar el uso de los combustibles fósiles, incentivar la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos enchufables y financiar la conservación de infraestructuras públicas.
Mientras que mediante el Plan Auto aumentan los incentivos a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga se mantienen vigentes, incluyendo deducciones fiscales y ayudas para particulares y empresas, los propietarios de coches de combustión afrontarán en los próximos meses un escenario impositivo más exigente.
Un impuesto específico al diésel
En el paquete de medidas de 2026 se incluye un impuesto dirigido al diésel y la potestad de los ayuntamientos para implantar tasas por circular en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), dirigido a reducir la presencia de vehículos con motor térmico en los núcleos urbanos.
La medida más importante es la prevista subida de impuestos al diésel, que el Ejecutivo prepara para 2026 y que podría concretarse en una eliminación paulatina de las bonificaciones históricas que este combustible ha disfrutado en España durante décadas. En la actualidad, el diésel está gravado con un tipo mejor que la gasolina, pero la intención oficial es la de equiparar la carga fiscal de ambos carburantes. Esto, según estimaciones de organizaciones como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), podría encarecer el coste del gasóleo entre 7 y 11 céntimos de euro por litro.
La consecuencia para los conductores sería que al llenar un depósito medio de un turismo, el precio podría ser de 6 euros más caro, alcanzando los 100 euros al año en combustible para un uso habitual de unos 15.000 kilómetros. El impacto sería todavía mayor para vehículos de transporte pesado, cuyo consumo de diésel es sustancialmente superior.
Desde el Gobierno se defiende este cambio como una herramienta para desincentivar el uso de combustibles fósiles, reducir emisiones de CO2 y armonizar la fiscalidad del impuesto de hidrocarburos forma parte de los requisitos para el acceso a fondos comunitarios destinados a políticas vedes y de innovación.
Las tasas municipales de ZBE
Otro punto importante del nuevo sistema impositivo es la habilitación expresa para que los ayuntamientos implanten tributos por el acceso de vehículos de gasolina y diésel a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
A estas tasas municipales se sumarían a las de restricciones de circulación que están ya vigentes para vehículos más antiguos o con mayores emisiones. Tienen como objetivo el reducir la congestión y la contaminación atmosférica en áreas urbanas densamente pobladas. A pesar de que las tarifas concretar estarán en manos de cada uno de los ayuntamientos, se esperan que oscilen en función de factores como el nivel de emisiones del vehículo, la hora del día y la zona afectada.
Varios ayuntamientos han informado de que estas tasas podrían estructurarse como un peaje urbano temporada, aplicable solo en horas punta o en periodos de alta polución, con exenciones para vehículos eléctricos y aquellos con etiquetas ambientales más limpias. El objetivo es el de incentivar la electrificación de flotas urbanas, taxis y vehículos de reparto, contribuyendo al objetivo de neutralidad climática a medio plazo.
Desde la OCU se ha señalado que si se ponen en marcha estas medidas muchos propietarios podrán reconsiderar sus planes de renovación del parque automovilístico hacia opciones más eficientes o completamente eléctrica.