El ambiente laboral español vive tiempos de informalidad en las condiciones de los trabajadores. Existe una demanda constante de mano de obra en sectores donde las jornadas suelen ser intensas y los salarios bajos. Muchos empleadores recurren a la contratación irregular para reducir costes. Evitan cargas fiscales y de cotización. Esto genera un mercado paralelo de empleo informal.
Por otro lado, la situación de los trabajadores influye para que esto ocurra. Inmigrantes, jóvenes en busca de su primer trabajo o trabajadores que han perdido sus puestos, aceptan estas condiciones por necesidad, pues no encuentran alternativas en el mercado formal. Es frecuente que personas sin papeles, en situación administrativa irregular, trabajen en la informalidad. Generalmente son contratados por poco tiempo y nadie controla su documentación. Esta ilegalidad en el empleo es un fenómeno que perpetúa la precariedad laboral.
Sin embargo, a pesar de que por regla general estos trabajadores irregulares quedan fuera de los mecanismos de protección del Estado, la ley les reconoce derechos. En teoría, la legislación laboral en España establece que toda persona que presta servicios por cuenta ajena debe tener acceso a derechos básicos como salario mínimo, jornada regulada, vacaciones, protección frente a despidos, cobertura de la Seguridad Social.
En la práctica, no siempre logran que estos derechos se respeten. Sin embargo, sí hay logros cuando media una reclamación judicial. El caso del albañil que trabajó tres meses en situación irregular y cobró más de 21.000 euros de indemnización es muestra de ello.
El caso del albañil que cobró 21.000 euros de indemnización
La noticia sorprendió a muchos, especialmente al sector de trabajadores irregulares que sintió que sus derechos existían. El albañil, cuya identidad no se ha hecho pública por protección de datos y privacidad, trabajaba en Madrid. Estaba en situación administrativa irregular. Se trata de un inmigrante que no tenía permiso de residencia ni de trabajo en España. Después de tres meses de trabajo, fue despedido.
Se ocupó de su caso un abogado madrileño, Javier Serrano, quien hizo público el suceso en su cuenta de TikTok. En su video relata que consiguió que el albañil cobrara 1.788,40 euros por despido improcedente y 19.674 euros por salarios adeudados, sin tramitación. La sentencia que resolvió la reclamación fue resultado del proceso llevado a cabo en el Juzgado de lo Social n° 10 de Madrid.
¿Por qué el juez le reconoció el derecho a esa indemnización?
El juez se basó en un principio fundamental del derecho laboral español. Los derechos laborales se aplican a toda persona que trabaja por cuenta ajena, independientemente de su situación administrativa o de contrato. La sentencia reconoció que la relación laboral había existido de hecho, aunque sin papeles. En consecuencia, el Juez aplicó lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
La jurisprudencia también marcó la decisión, pues indica que la falta de permiso de residencia o trabajo no elimina los derechos del trabajador. Con la difusión de lo ocurrido al albañil, el abogado deja claro que los derechos laborales no dependen de si se está en situación regular o irregular ni del tiempo trabajado.
En especial hace mención de las deudas por finiquitos de los trabajadores despedidos. Es frecuente que los trabajadores que han dejado de trabajar en el último año no reciban el finiquito. Es un pago que se compone de todos los conceptos pendientes de cobrar por parte del trabajador en el momento en que se extingue su relación laboral, sea por despido o por fin de contrato. El finiquito también puede ser reclamado judicialmente.
En su publicación, insiste en que quienes se encuentren en situaciones similares a las del albañil o se les adeude el finiquito tienen derecho de reclamar, igual que como lo hizo el albañil, que terminó recibiendo 21.400 euros.