El tema de los pisos turísticos sigue en el punto de mira de las autoridades. Se consideran en esta categoría los inmuebles de uso residencial que se ofrecen en régimen de alquiler con fines turísticos. Deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente. La intención parece ser garantizar la seguridad, la calidad del servicio y la convivencia de los visitantes con los residentes permanentes.
En estos días una noticia ha sorprendido a los españoles: el Gobierno ha ordenado la retirada de aproximadamente 54.000 viviendas turísticas ilegales de las principales plataformas digitales. La razón es que no cumplían con el nuevo Registro Único Estatal de Alquileres de Corta Duración. A partir de esa resolución, las plataformas tienen la obligación de retirar los anuncios de pisos que no tengan certificación de registro.
¿Qué impacto ha tenido el retiro de 54.000 pisos turísticos de las plataformas?
Los propietarios de estos inmuebles han sentido esta medida como un duro golpe regulatorio, que muchos consideran que afecta sus derechos. Más allá de los intereses particulares, esta acción ha provocado un cambio en el panorama del modelo de alojamiento turístico. Las comunidades más afectadas con Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. En ellas, el turismo se había volcado a la preferencia por el alquiler de viviendas residenciales, en lugar de ocupar hoteles.
La contracara es que es de esperar que muchas de estas viviendas se destinen a alquiler residencial de larga duración. Si esto ocurre, se dinamizaría el mercado inmobiliario español, que viene convulsionado desde hace unos años. Para las familias que buscan una vivienda, los inmuebles retirados del sistema turístico podrían provocar mayor disponibilidad y precios más accesibles.
Sin embargo, para facilitar esta transición del sistema de alquiler temporal al de larga residencia, la administración debería tomar medidas especiales, como ayudas para reformas, beneficios fiscales y hasta nuevos marcos legales que faciliten el cambio de uso.
¿La medida afecta la atención y los servicios al turista?
Ante la opinión de que la retirada simultánea de ese número tan significativo de viviendas turísticas de la oferta afectará el servicio a los turistas, las autoridades tienen sus argumentos que justifican su decisión.
Entienden que la eliminación de viviendas sin la habilitación legal no implica que los turistas se queden sin alojamiento, sino que se prioriza la oferta legal. La medida tiene intención de impulsar a los propietarios a integrar legalmente el sistema. La legalidad es garantía de seguridad, higiene y protección de los derechos del consumidor.
Si bien este argumento es atendible, también es cierto que con la menor oferta los precios se están encareciendo, en especial en las zonas que dependen del turismo.
¿Cuáles son las opciones de los propietarios de los inmuebles retirados del sistema de alquiler turístico?
Los propietarios de las 54.000 viviendas retiradas del sistema turístico tienen opciones para seguir utilizando su propiedad dentro del marco legal vigente. Una de las alternativas es destinar la vivienda al alquiler tradicional de larga duración. Tiene sus pros y sus contras, que el dueño del inmueble deberá valorar.
Otra opción es vender el inmueble, especialmente cuando sus planes para uso de esa vivienda era obtener el alquiler de alquiler transitorio. Se ha incrementado el interés de compradores. La tercera opción es integrarse al sistema legal de alquiler turístico. Antes de intentarlo, el propietario debe conocer detalladamente la regulación de la comunidad autónoma en la que se encuentra la vivienda.
Es importante comprobar que la vivienda cumple con los requisitos de habitabilidad, superficie mínima, ventilación, mobiliario y seguridad. También tendrá que obtener el consentimiento de la comunidad de vecinos. Un paso obligatorio para poder anunciar la vivienda en las plataformas es inscribirse en el Registro Estatal de Viviendas Turísticas. También es necesario atender a las obligaciones fiscales.
Es de esperar que en poco tiempo se perciba el impacto de la retirada de las viviendas turísticas de las plataformas.