Con menos de 20 años (fue fundada en 2008) Airbnb, acrónimo de “Air Bed and Breakfast”, ha revolucionado el mundo del turismo y la hostelería, con su presencia en más de 190 países, la participación de más de 2 millones de propiedades y actividades en unas 33.000 ciudades. Es una de las plataformas digitales más importantes y ha causado un profundo impacto no solo en la hostelería sino también en el ámbito inmobiliario. Es en ese sector donde esta modalidad generó otra clase de problemas, que obligaron a intervenir a diferentes administraciones estatales y regionales, que están ejerciendo presión sobre esta plataforma a través de normas y regulaciones.
Airbnb decide ajustarse a las nuevas regulaciones
En España, la manera en que esta plataforma decidió enfrentar el problema puede ser un anticipo de lo que hará en el resto del mundo. Ante las últimas medidas del gobierno español contra los pisos turísticos ilegales, la plataforma evitó asumir una actitud de confrontación y optó por colaborar con las diferentes administraciones. Lo hizo eliminando de su página todos los anuncios y ofertas de pisos que no tengan licencia o no estén registrados.
De esta manera, han quedado fuera de su web más de 53.000 pisos turísticos ilegales y permaneciendo cerca de 70.000 alojamientos, que colocan de manera visible el número oficial de registro. Portavoces de la plataforma declararon que esta exclusión masiva no afectó la capacidad para cumplir con la demanda de servicio.
Es una medida que perjudica, naturalmente, a todas aquellas personas que estaban utilizando la plataforma para alquilar de forma ilegal sus inmuebles, violando disposiciones municipales y estatales. A su vez, beneficia a los emprendedores que han tratado de ajustarse y cumplir con las nuevas normas y regulaciones.
Recordemos que una de las principales objeciones a esta plataforma es que hizo que muchos inmuebles destinados al alquiler residencial se trasladaron a la órbita turística, provocando escasez de vivienda, y un aumento considerable en los alquileres. Siguiendo recomendaciones del gobierno central y de los gobiernos locales, la plataforma ha hecho énfasis en regularizar los inmuebles y hacer ajustes en los municipios donde eran más comunes los anuncios ilegales, tales como Barcelona, Málaga, Marbella y Sevilla.
Los pisos que quedan en la plataforma tienen el número de registro obligatorio que exige el Ministerio de Vivienda, y de esta manera fortalece la confianza de los usuarios, respeta las nuevas regulaciones y evita posibles sanciones.
Las acciones en Airbnb para mejorar el servicio y adecuarse a las nuevas normas
En el momento actual, para colocar un anuncio en Airbnb es obligatorio mostrar en el anuncio el número de registro del alojamiento. De esta forma los usuarios tendrán la seguridad de que el espacio donde se alojan cumple con las normas municipales, comunitarias y nacionales, que no hay riesgo de estafa y que las condiciones del alojamiento serán las que se ofrecen en los anuncios.
Por otro lado, Airbnb está asistiendo de diferentes formas a los anfitriones para que se puedan registrar de forma correcta, cumplan con la nueva legislación y eviten posibles sanciones.
La presión que ejerció el gobierno español sobre la plataforma parece haber contribuido para que esta reoriente o amplíe su modelo de negocio. Sobre todo al incorporar otros servicios, como actividades culturales, chefs privados y servicios bajo demanda, no solo enfocados a los turistas sino también para los residentes locales.
De esta manera, la plataforma diversifica su oferta y crea nuevas fuentes de ingresos, en parte gracias a la presión del gobierno español, y es posible que pueda replicar esta experiencia en otros países donde también está teniendo problemas y se le están imponiendo barreras.