Aunque la situación con los okupas en España no es tan grave como en años anteriores, sigue siendo un problema y una situación que eventualmente puede tocarnos enfrentar si tenemos una segunda vivienda para vacaciones, alguna vivienda para alquilar, o nos ausentamos demasiado tiempo de nuestra vivienda principal.
El temor a los okupas puede ser en parte infundado, si comparamos el número de viviendas en España, 27 millones, con el número de denuncias de ocupaciones ilegales que hubo el año pasado, 16.400. Aunque también es cierto que muchas okupaciones se resuelven sin acudir a la justicia, a través de negociaciones con los okupas o acudiendo a profesionales del desalojo.
La solución propuesta por un juez del Tribunal Supremo
El número de usurpaciones de domicilio puede ser pequeño, pero sigue siendo más posible que nos invadan una vivienda a que nos ganemos la lotería, por lo que no está de más estar preparados o saber qué hacer en caso de que nos toque lidiar con una situación tan desagradable como esta.
Aunque se han hecho cambios en el sistema legal para atender este problema, todavía puede ser un verdadero fastidio, generar costes por concepto de abogados y tribunales, y durar años. Pero hay otra alternativa, o al menos eso afirma un magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que además es autor de un libro sobre el tema: Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de una vivienda.
Magro señala que la mejor alternativa para desalojar a los okupas es actuar en las primeras horas, apenas se produce el delito. Si hacemos la denuncia en la policía esta puede desalojar a los okupas, incluso sin necesidad de una orden judicial. De acuerdo con Magro, un juez en este caso tiene el poder para ordenar el desalojo de inmediato, y lo mismo la policía, “si comprueba que la entrada se ha producido cinco, seis o siete horas antes, puede hacerlo hasta sin orden judicial”.
Cómo hacer la denuncia apenas se produce la okupación
En muchos casos, la policía no se anima a actuar de inmediato porque no está segura de en qué momento se produjo la usurpación, y si ya ha pasado demasiado tiempo y llevan a cabo el desalojo es posible que ellos se vean denunciados y enfrentando un proceso judicial por desalojo ilegal. Vicente Magro indica también que existe un vacío legal en torno hasta cuándo se puede considerar posible desalojar de forma inmediata a los ocupantes ilegales, antes de que haya que dar paso a otros procedimientos que pueden alargar o entorpecer la tramitación del desalojo.
Para Magro, este plazo debería estar entre las 12 y las 24 horas, pero al no haber nada establecido, después de 12 horas un juez puede considerar que ya pasó demasiado tiempo, por lo que se hace necesario actuar antes. Magro propone instalar un sistema de alarma 24 horas. De esta manera, apenas se produzca la entrada ilegal, la alarma dará aviso a la empresa de vigilancia, que una vez haya verificado que se trata de una usurpación avisará a la policía. Teniendo la hora precisa en que ocurrió la entrada, la policía podrá actuar de inmediato y sobre seguro.
La llamada a la policía por parte de la empresa queda registrada, así como el momento en que se disparó la alarma, y será con esta información que se podrá realizar el desalojo sin necesidad de una orden judicial. De acuerdo con este juez, la idea de la alarma 24 horas como solución se ha manejado incluso en la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, así que vale la pena tenerla en cuenta.