El Estado español y las Comunidades Autónomas disponen de una serie de ayudas y prestaciones que han sido creadas para apoyar a familias que tienen miembros en situación de dependencia, lo cual está muy bien. Entre otras cosas, porque eso significa que parte de los impuestos que pagamos se utilizan para ayudar a ciudadanos que, por distintas razones, necesitan un apoyo adicional.
Lamentablemente estas ayudas cada vez se tardan más en llegar a quienes las necesitan, y no se trata de una diferencia menor. De acuerdo con la ley, el plazo de espera debería ser de hasta 6 meses, pero en la realidad casi se duplica el tiempo, e incluso ya aprobadas pueden sufrir nuevos retrasos.
Casi 300.000 personas afectadas
Aunque la ley señala un plazo de 180 días para cubrir todos los pasos para el otorgamiento de las ayudas, el promedio actual es de 342 días, incluso en algunas comunidades como Andalucía, Canarias y Murcia, puede ser de 500. Actualmente hay 286.861 personas estancadas en diferentes puntos burocráticos para recibir la ayuda: 136.009 que están esperando por la valoración, 123.857 esperando por el Plan Individual de Atención (PIA), y 26.995 personas ya con el PIA aprobado, pero sin haber recibido todavía la ayuda que les corresponde.
De estas personas, el Estado solo reconoce aquellas que han superado el plazo de seis meses esperando, que son solo cifras aproximadas, porque es un número que va en aumento a medida que pasan las semanas, 180.794. Esto significa que el Estado no siente la urgencia de más de 100.000 familias que están esperando por estas ayudas, o al menos así es como lo ven en la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes.
El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, ha señalado al respecto:
“El ministerio está alardeando de unos datos, retorciendo una estadística y haciendo una interpretación de la lista de espera que no es real, cambiando la metodología que hemos tenido durante estos veinte años en el Sistema de Atención a la Dependencia. Hace una interpretación para alardear de una gestión que está paralizada”.
Los retrasos en las comunidades y la reforma de la ley
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, está por cumplir 20 años y continúa presentando problemas en su aplicación. Uno de ellos es la falta de coordinación entre la Administración y las Comunidades Autónomas.
Aunque una familia cumpla con todos los pasos burocráticos y le sea aprobada la ayuda, después de 342 días es posible que la comunidad autónoma donde se encuentra alegue falta de fondos, y puede retrasar la entrega de la ayuda dos años más. Son ayudas que en promedio no superan los 264 euros, y tampoco pasan de más de 36 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio.
Fue en parte por este tipo de retrasos que el martes 15 de julio el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia (39/2006). En dicha propuesta se crean mecanismos para evitar que las comunidades pospongan las ayudas, para aumentar la asistencia a domicilio, agilizar los trámites y ampliar las prestaciones.
Las comunidades donde más y donde menos ayuda se espera
Mientras tanto, la larga espera de las familias con personas en situación de dependencia continúa. Las comunidades donde hay mayores retrasos son Murcia, Andalucía y Canarias, con 500 días, aunque hay que reconocer que otras comunidades consiguen mantenerse en los 180 días establecidos, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y el País Vasco.
Otro dato que no debería dejar de importar: en los primeros seis meses de 2025 murieron 16.866 personas sin recibir ayuda.