La ley Rider, promulgada en el 2021, prohíbe valerse de repartidores autónomos a las empresas de entrega a través de plataformas digitales. Desde la aprobación de esta ley, las empresas tienen que contratarlos como asalariados. No pueden repartir los autónomos. La ley tuvo como objetivo eliminar a los falsos autónomos que son, en realidad, empleados de las empresas. Con ella se pretende garantizar que se cumplan los derechos laborales de los repartidores que las empresas contrataban como autónomos.
A partir de la ley Rider, los repartidores deben cotizar a la Seguridad social, tener las vacaciones reglamentarias, además de otros derechos laborales. Just Eat y Glovo ya funcionan exclusivamente con repartidores empleados.
Just Eat fue la primera en amoldarse al nuevo sistema. Glovo ofreció resistencia durante algunos años. Fue objeto de denuncias y de juicios por incumplimiento de obligaciones laborales que afectaban el derecho de los trabajadores. Tantas idas a tribunales y juicios perdidos, obligaron a Glovo a acatar ley. Pero Uber Eat sigue reacia a esa transformación en la modalidad. En la actualidad mantiene un sistema híbrido. Algunos de sus repartidores son empleados de la empresa, pero otros son autónomos. Está en el ojo de la tormenta y el Ministerio de Trabajo presiona.
La Inspección de Trabajo no cede: los autónomos no pueden funcionar como empleados
La situación de Uber Eats está bajo el ojo controlador del Ministerio de Trabajo. A diferencia de las otras dos grandes empresas rivales, Uber Eat sigue usando a autónomos que en apariencia trabajan independientemente en su plataforma, pero que en realidad lo hacen para la gran empresa.
El sistema de Uber Eats ha sido denunciado ante el Ministerio de trabajo por sindicatos como CCOO y UGT. Además, la ministra Yolanda Díaz ha enfatizado que la ley está para ser cumplida. Y se ha referido al tema de los riders diciendo que una persona pedaleando una bicicleta no es un autónomo.
Por lo tanto, se ha abierto una investigación específica. Ninguna empresa puede quedar fuera de la regulación laboral, porque según el Ministerio estaría abusando de los falsos autónomos en el sector. Por su parte, Uber Eats manifiesta que la empresa cumple absolutamente con la legislación, incluida la Ley Rider. En sus descargos argumenta que los riders pueden elegir entre pasar a la plantilla de empleados o permanecer como autónomos.
Explica que los autónomos que trabajan en su plataforma pueden rechazar pedidos y que tienen total autonomía hasta para fijar tarifas de acuerdo con sus preferencias. Y dice que se cumple la Ley Rider. Para suavizar la relación con los trabajadores, Uber Eats realiza acuerdos con la UGT. Se compromete a ocuparse de la prevención de riesgos laborales y del establecimiento de convenios colectivos para los trabajadores contratados.
¿Qué le puede pasar a Uber Eats si la investigación resulta en su contra?
Los expertos opinan que Uber Eats podría enfrentar consecuencias fiscales millonarias si sigue operando con repartidores autónomos. La Inspección de Trabajo está fiscalizando las sucursales de la empresa en todas las provincias. Todo indica que ya se han generado múltiples actas por infracción. Si el Ministerio concluye que Uber Eats no cumple con la Ley Rider, deberá cambiar definitivamente su modelo de contratación
Además, puede exponerse a denuncias de las empresas rivales por competencia desleal. Esto hizo Just Eat cuando denunció a Glovo, antes de que esta cambiara su modelo laboral.
La multinacional tiene firmes intenciones de seguir funcionando en España. En 2024 ha inyectado 5.5 millones de euros en su filial española para fortalecerla. Esta recapitalización fue causada por las pérdidas de 119 millones de euros provocadas por los gastos legales y fiscales de la contratación de autónomo.
¿Cederá a la presión legal? El Ministerio no parece dispuesto a tolerar el sistema.