La fiesta no acabó de la mejor forma. Ese podría ser el titular para 63 personas que acudieron a la rave ilegal Big Fucking Party celebrada en el embalse del Cenajo, Albacete, desde el 31 de diciembre al 7 de enero. El evento, que en los últimos años se ha llevado a cabo en diferentes puntos de nuestro país y siempre en un lugar secreto hasta el arranque de la fiesta, consiguió, una vez más, reunir a miles de personas procedentes de toda Europa.
Gran parte de los detenidos durante el despliegue realizado, que contó con 300 efectivos de la Guardia Civil, son de nacionalidad francesa, italiana y británica, tal y como comunicó la Benemérita en un nota de prensa. Veinte personas fueron arrestadas en la madrugada del 31 de diciembre, en las proximidades de la pedanía de Cordovilla, por disturbios contra los agentes de seguridad presentes en la zona. Estos sucesos se produjeron cuando una caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta. El resto de las detenciones tuvo diferentes motivos: 38 personas fueron arrestadas por participar de forma directa en la organización de este evento, de naturaleza ilegal, y 5 detenidos por delitos contra la salud pública, es decir, por tráfico de drogas o requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.
A lo anterior, añadir que la Guardia Civil intervino 16 camiones y furgones en los que se transportaba material necesario para establecer la macrofiesta. Todos estos vehículos quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Un riesgo para la seguridad ciudadana
Tal y como explicó la Guardia Civil, “la ilegalidad de este tipo de eventos no solo reside en la falta de autorizaciones, sino que supone un riesgo para la seguridad ciudadana, la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente”. Este evento llego a reunir en el embalse del Cenajo a cerca de 2.000 vehículos, sobre todo camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y 3.500 personas que llegaron a este punto de Albacete desde diferentes lugares de España y de otros países del viejo continente como Francia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca.
En total, los agentes de la Guardia Civil redactaron 731 actas-denuncias por infracciones administrativas relacionadas con tenencia de drogas o sustancias estupefacientes, posesión de armas prohibidas o en material de seguridad vial. Un dato a tener en cuenta es que 287 personas dieron positivo en alcohol o drogas durante las pruebas realizadas a los conductores que iban abandonando la rave ilegal.
Estas actas-denuncias también tuvieron relación con la protección de animales de compañía y el medioambiente: “La ausencia de medidas de reducción del impacto medioambiental y el perjuicio que estas actividades han supuesto para la flora y fauna, se suma que el lugar elegido por los organizadores está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tratándose además de un terreno inestable e inundable”.
Sin los servicios necesarios
Junto a todo esto, la Guardia Civil señaló también en su comunicado que este tipo de eventos carece de “todo tipo de prevenciones de seguridad para los asistentes” como son los servicios médicos, de limpieza o la vigilancia interior de seguridad privada. Desde el Benemérita se declaró que “todos estos servicios esenciales que debe proporcionar la entidad o personas organizadoras repercuten en la seguridad física de los asistentes, puesto que no existe un plan de emergencias ni de evacuación y se limita la reacción cercana ante eventuales problemas sanitarios, de higiene o de convivencia”.
Relacionado con uno de estos servicios, el de limpieza, el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, declaró a EFE que se necesitó de ayuda extra para retirar los montones de basura que los asistentes a la fiesta ilegal habían dejado en el entorno del Cenajo.