El Congreso aprobó esta semana , de forma definitiva, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Al término de la sesión plenaria, el diputado segoviano del Partido Socialista, José Luis Aceves, manifestó que “se trata de un hito para nuestro país, que tendrá repercusiones positivas para nuestra provincia, en tanto que contempla importantes medidas para potenciar el desarrollo de las zonas rurales”.
En este sentido, el parlamentario socialista, viceportavoz de Reto Demográfico de su Grupo en la Comisión del área, recordó que el texto refrendado recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de capacidad las zonas forestales como sumideros de captación de dióxido de carbono, “poniendo especial énfasis en los agentes del sector agrario y forestal, de gran relevancia ambos en Segovia, ya que la mitad de su superficie es terreno forestal y el peso del sector agrario en el PIB provincial supone un 10,5%”.
Según explicó Aceves, para ello la ley contempla que, junto a la identificación, evaluación y seguimiento de esas zonas, “se va a trabajar en el fomento de sus cobeneficios y el apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo del medio rural». “Esta ley está llamada a convertir las zonas más castigadas por la despoblación, como nuestra Campiña o nuestra comarca Nordeste, en territorios de oportunidades”.
El diputado socialista por Segovia, considera que “estamos ante una ley ambiciosa en sus objetivos, pionera, elaborada a partir del diálogo y la participación entre los distintos grupos y esencial para el proceso de reconstrucción en el que nos encontramos”. Para Aceves, uno de los aspectos fundamentales del texto es que cuenta con “unos objetivos cuantificados que marcan un mínimo inquebrantable de ambición y que siempre podrán ser revisados al alza”. Además, añadió, “queda contemplada la obligación de elaborar una planificación a corto plazo para alcanzar dichos objetivos”.
Entre esos objetivos, José Luis Aceves destacó la reducción de las emisiones del conjunto de la economía española para el año 2030 en un 23% con respecto a 1990; una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
El texto aprobado contempla además una serie de actuaciones para fomentar la salud pública, apostando por zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Estos núcleos deberán adoptar antes del año 2023 planes de movilidad urbana, “cuyo objetivo no es otro que el de implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público) reduciendo el consumo energético y las emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadanía”, afirmó Aceves.
