El maltrato a los débiles y marginados es un delito moral inconmensurable. La lesión de la dignidad del ser humano, especialmente si tiene alguna marginalidad, no tiene nombre y es preciso erradicarlo de las sociedades adultas.
Si esto se puede decir del marginado, pobre y abandonado en general, con mayor motivo del abuso de menores en el campo de la sexualidad y de la manipulación. Todo tipo de trata de niños como esclavos, tráfico de órganos, compra-venta de niños, uso de niños para la guerra y especialmente para el sexo entra dentro del concepto de pederastia. Contra esta forma de actuar se encuentra en el evangelio de Jesús uno de los castigos más fuertes que han salido de su boca: “más le valdría que les arrojasen al mar atados a una piedra de molino”.
Entre los tipos de abusos más frecuentes se encuentran: insinuaciones de un desconocido al salir de clase, tocamientos en la discoteca o en el metro, acoso en el trabajo, un exhibicionista, forzar a la novia a una felación, abusar sexualmente de una niña de la familia, pedir fotos desnuda a una menor, la trata con fines de explotación sexual, agredir sexualmente a una desconocida. La violencia sexual abarca un abanico completísimo de actos no consentidos de los que, además, solo sale a la luz la punta del iceberg, apenas un 2% de todos los ataques que se producen. En España, se estima que son 400.000 casos al año, de los que 100.000, un 25%, se producirán contra menores de edad.
Si además este abuso se hace en nombre de la autoridad o de la intimidación (dígase por un maestro, personal de enfermería, en las actividades extraescolares, personal de Iglesia, autoridad política, etc) la gravedad es mayor.
La Iglesia es la única institución que ha procedido a poner remedio a este problema entre sus miembros comprometiéndose a poner en manos de la justicia los casos que surjan en su seno. Ninguna otra institución lo está haciendo. Sin embargo, el Estado a través de sus fuerzas políticas y los Medios a su alcance está haciendo que parezca que solo y en mayor parte la Iglesia pague por esta causa. Vayamos a los datos:
Según la fundación ANAR y la ESPASI durante los últimos diez años ha aumentado un 400% el número de abusos a menores. De ellos el 80% se dan en el ámbito familiar. También es relevante que los abusos se ejercen en casas de otros familiares o en el entorno escolar o extraescolar. Únicamente el 10% no es conocido por el ambiente familiar.
Asimismo, hay que tener “mucho cuidado” con los entornos escolares y las actividades extraescolares de los menores, que representan el 13,2% de los casos de abuso sexual.
En cuanto al perfil del abusador, se trata de un hombre, de la familia o del círculo de confianza, mayor de edad, que actúa en solitario y que abusa en la casa del menor de edad: El padre biológico sigue siendo el agresor principal en el 32% de los casos. Aumentan las agresiones en grupo ‘Manadas’: víctima agredida por 2 o más personas, pasando de un 2,1% a un 10,5% en 2018.
Según el informe ANAR, institución ajena a la Iglesia, solamente el 0,2% de casos se dan en ámbitos eclesiales, es decir, por personas consagradas o por personas seglares que realizan una tarea eclesial. La realidad es que la inmensa mayoría de los casos de abusos a menores se producen en el ámbito intrafamiliar o en entornos cercanos a la familia. Y este hecho, a diferencia de los casos que han ocurrido por parte de religiosos, sacerdotes o personas vinculadas a la obra de la Iglesia, apenas está contando con la visibilidad que le corresponde a un drama que, año tras año, se sigue perpetrando en hogares.
En este contexto, la sociedad adulta debe plantearse erradicar esta lacra lo antes posible y de la forma más eficiente posible. Si, ante la pandemia del covid, se está diciendo que es preciso una vacunación generalizada a todos los miembros de la población para evitar el contagio, del mismo modo la eliminación de esta pandemia debe dirigirse a todos las esferas sociales y no solo a aquellos que llevan sotana.
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(*) Profesor emérito.
