A casi nadie sorprendió ayer ver bajo custodia policial al alcalde de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz, al ex jefe de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta y al ex conseller Macià Alavedra, pues sobre todos ellos se cernía desde hace ya tiempo la oscura sombra de la corrupción, por más que, al menos hasta ahora, su influencia política y la cierta impunidad reinante en torno al ladrillo les librara de pisar la celda.
En el caso del regidor, bastó con escuchar a los cientos de vecinos de la populosa localidad del cinturón industrial de Barcelona para darse cuenta de que, aún con el máximo respeto a su presunción de inocencia, no es trigo limpio. ¡Fuera Bartomeu!, ¡Esto es Marbella dos!, ¡Ya es hora de que se hiciera justicia!, clamaban los conciudadanos del socialista, hartos de los constantes indicios de chanchullos en el Ayuntamiento.
Así lo refrendaban también numerosos funcionarios municipales, que, sin querer hacer públicos sus nombres, dieron extensa razón de las numerosas quejas remitidas, en balde, a la Fiscalía.
Lo cierto es que el caso de Muñoz bien podría recordar al del fallecido Jesús Gil, quien, pese a convertir a Marbella en el paraíso del todo vale urbanístico, gozó de un respaldo ciudadano mayoritario.
No en vano, el regidor de Santa Coloma, que comenzó su reinado en 2003, logró mayoría absoluta cuatro años después.
Para terminar de adornar su currículum, baste reseñar que es el hijo del último alcalde franquista del pueblo, Blas Muñoz, y que llegó al poder sin pasar por las urnas, puesto que accedió al sillón consistorial en funciones, en febrero de 2002, como sustituto de Manuela de Madre, de quien era estrecho colaborador, cuando la insigne socialista abandonó la primera línea política al detectársele fibromialgia.
Todavía más llamativos son los casos de los antiguos altos cargos del Gobierno regional convergente dirigido por Jordi Pujol.
El ex conseller Macià Alavedra, nacido el 16 de marzo de 1934 en Barcelona, es el típico ejemplo de político profesional. Miembro de la burguesía catalana, se inició en la vida pública con tan solo 18 años cuando ingresó en el Front Nacional de Catalunya, y en 1974 participó en la fundación de Esquerra Democràtica (EDC), junto a Ramón Trias Fargas, partido que posteriormente se fusionó con CDC.
Fue diputado en el Parlament y en las Cortes y ocupó diversas consejerías en los Ejecutivos de Pujol; entre ellas, Economía y Finanzas durante seis años. Además, como recompensa a sus servicios se le buscó un retiro dorado como presidente de la empresa concesionaria de autopistas Aucat y, posteriormente, de las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.
Intermediario de Pujol con el empresariado, fue el principal valedor de Javier de la Rosa, otro clásico de la corrupción, aunque negó cualquier responsabilidad sobre la turbia gestión económica del empresario al frente de la sociedad Grand Tibidabo.
Curiosamente, aquel caso también salpicó a Lluís Prenafeta, aunque finalmente declaró tan solo como testigo.
El ex secretario general de Presidencia ostentó dicho cargo durante toda una década, justo hasta que se vio obligado a abandonar después de que se presentara una querella por compatibilizar dicha responsabilidad en la Generalitat con un puesto en el consejo de administración de una aseguradora vinculada a la familia Bernat. Prenafeta se vio también implicado en el caso del juez Estivill, aunque salió asimismo indemne.
Pese a que nunca fue nombrado conseller, se le consideraba la mano derecha de Pujol, favoritismo que aprovechó para promover los medios de comunicación públicos catalanes y las loterías de la Generalitat. Tras abandonar el Ejecutivo se dedicó a organizar negocios privados, como el diario barcelonés El observador. Su más que controvertida trayectoria se vio culminada con un juicio por el denominado caso Huarte, en el que se dirimía el cobro de comisiones para financiar dicho medio de comunicación por parte de diversos constructores. Cómo no, finalmente fue exculpado.
Aunque de mucho menos lustre que los dos anteriores, el ex diputado socialista Luis García, también arrestado ayer, es otro viejo abonado a los escándalos, puesto que ya estuvo acusado de estafa a finales de la década de los 90 por el caso AGT, un asunto que terminó archivado tras no poderse o no quererse demostrar las irregularidades cometidas en la financiación de diversas obras públicas concedidas a ayuntamientos socialistas.
El final inmaculado de aquel asunto se suma a los de otros numerosos escándalos ocurridos en Cataluña, una región en la que la corrupción inmobiliaria nunca se ha saldado con condenas. Además de los citados, baste recordar los casos Tres por ciento/Adigsa, el asunto Terres Cavades, la investigación al concejal de Urbanismo de Salou e hijo del alcalde, Esteve Ferran Ribera, o la imputación contra el ex regidor de convergente de Sant Cugat Joan Aymerich, en el caso Can Mates.
