El despacho de abogados González Ochoa participa en la querella criminal presentada ante el Tribunal Supremo contra todo el Gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familiares de víctimas del Covid-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
La querella se dirige contra los 23 miembros del Ejecutivo “como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”, por “haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares”.
Sostienen que sus familiares han fallecido “en condiciones ciertamente indignas de un ser humano” y creen que “se ha debido al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados”.
Hasta la fecha, 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse, pero solo 116 se han personado ya que, las restantes “no han podido obtener, hasta el momento”, el Certificado Médico de Defunción, necesario para acreditar la muerte de sus familiares y sus causas y así interponer la acción penal. En la querella, los familiares denuncian al Gobierno en pleno por su “irresponsable y negligente inacción”, por su “actuación tardía y nefasta” y por “la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia” desde que tuvieron conocimiento de su existencia en diciembre de 2019 o enero de 2020.
Consideran que el Ejecutivo “decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas” cuando “a finales de febrero se celebraron multitud de concentraciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían”.
UGT pide a la Fiscalía investigar en las residencias
Por otro lado UGT ha presentado ante la Fiscalía de Castilla y León escritos para pedir la investigación de la gestión en al menos 18 residencias de mayores y personas con discapacidad ubicadas en seis provincias de Castilla y León, seis de las cuales son privadas, con el fin de conocer qué se ha hecho y cómo durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
Así lo ha anunciado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido junto a los secretarios de Autonómica y Dependencia de la Federación, Julio César Martín Nevado y Fonsi Bonafonte, respectivamente.
Pérez Urueña ha explicado que se ha solicitado la apertura de diligencias de investigación al considerar que el número de contagiados y fallecidos «excede» de lo normal y quieren conocer qué es lo que ha pasado y cómo se ha gestionado la crisis.
El secretario general de la FeSP ha señalado que se han enviado «múltiples» escritos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que han quedado sin contestación y en los que se requería, entre otras cosas, información sobre los protocolos que se habían mandado a las residencias, datos sobre la incidencia del coronavirus, etcétera, además de «denunciar cuestiones importantes». Sin embargo, ha criticado que lo que se ha recibido ha sido «el silencio más absoluto» y ha pedido a la consejera, Isabel Blanco, que no se esconda en una «torre de marfil».
Así, ante la falta de información por parte de la Junta, se han recabado datos a través de los delegados sindicales y se han presentado escritos a la Fiscalía y ya se ha recibido respuesta de Zamora, por ejemplo.
En concreto, los escritos de UGT se refieren a la residencia Armunia de León, Los Royales de Soria (se está elaborando), los centros de atención a minusválidos psíquicos de Salamanca y la Béjar; las residencias asistida y mixta de Segovia; las dos residencias de la Diputación de Valladolid, la de Parquesol y seis privadas en Valladolid; y Virgen del Yermo, Tres Árboles y Los Valles de Benavente en la provincia de Zamora.
Pérez Urueña ha advertido de que las denuncias sobre residencias ante la Fiscalía son individualizadas, ya que llama la atención que en centros que se encuentran en la misma localidad y que son públicos en unos casos se hayan producido muchos contagios y fallecimientos y en otros no. «Ha habido algo que ha diferenciado», ha asegurado el sindicalista, quien ha aclarado que sólo se trata de «saber la verdad».
