Los atentados de La Rambla de Barcelona y Cambrils cumplen hoy dos años a la espera de conocer la fecha en la que tres miembros de la célula yihadista que atacó a centenares de personas, dejando 16 víctimas mortales y más de 300 heridos de varias nacionalidades, serán juzgados por varios delitos, pero ninguno de ellos por asesinato.
Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza se encuentran en prisión provisional desde hace dos años por su presunta participación en los hechos y serán las tres personas que se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por ellos. El resto de los miembros del grupo yihadista fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra en Cambrils o fallecieron la noche anterior en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona).
El juez de la Audiencia Nacional, que comenzó investigando el caso, procesó el pasado mes de octubre a Oukabir, que presuntamente alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; a Houli Chemlal, que resultó herido cuando la casa de Alcanar saltó por los aires la noche anterior a los atentados, por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa.
También procesó a Said Ben Iazza por un delito de colaboración en organización terrorista por su posible relación con la compra y el traslado del material con el que se fabricó el explosivo conocido como ‘madre de Satán’ y que se pretendía emplear para atentar en Barcelona.
El magistrado asegura que los tres formaban parte de la célula yihadista pero considera que no puede atribuir a ninguno de ellos los 16 asesinatos ocurridos en los atentados de Barcelona y Cambrils, como piden las acusaciones populares, ya que no ve indicios suficientes para afirmar que tuvieron una participación directa en los hechos.
Se ratificó un mes después en un auto en el que rechazó los recursos de las defensas y confirmó los procesamientos de los tres presuntos terroristas, al mismo tiempo que precisó que no hay pruebas suficientes que acrediten que los sospechosos conocían los planes de la célula de atentar en Cataluña.
De hecho, la Fiscalía se ha mostrado en todo momento en la misma postura que el juez instructor y la Sección Segunda Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio su visto bueno a esta decisión. Sin embargo, las acusaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo aseguran que seguirán exigiendo hasta el último momento en que, al menos Oukabir y Houli Chemlal respondan por los 16 asesinatos.
Últimos flecos
La instrucción del caso está casi terminada, pues tan solo falta por practicar una última diligencia, que se trataría de la geolocalización del teléfono móvil de Driss Oukabir en los días previos de los atentados con el fin de demostrar que no estuvo ni en la casa de Alcanar ni en un restaurante de la localidad de Tona (Barcelona), donde dos testigos le situaron el 16 de agosto.
Una vez que esta diligencia se incorpore a la causa, el ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, dictará previsiblemente el auto en el que de por concluido el sumario, resolución que será confirmado por la Sala.
Será entonces cuando la Fiscalía y las acusaciones formulen sus escritos de acusación, que posteriormente serán impugnados por las defensas en sus respectivos escritos de conclusiones.
Sobre las 16.30 horas del 17 de agosto de 2017, una furgoneta blanca, con el logotipo de una empresa de alquiler, recorrió más de 500 metros causando el pánico entre los viandantes que en ese momento se encontraban en el paseo situado en el centro turístico de Barcelona.
