Las Comunidades de Aragón, Castilla y León y Extremadura han hecho un frente común para que sean sus territorios los que recojan sus frutos correspondientes a la producción de energía eléctrica renovable, con sus presas, molinos de viento y huertos solares.
Es decir, que el incremento de la producción de energía renovable se traduzca en más empleos y una reindustrialización de los territorios de aquellas Comunidades, al constatarse que año tras año estas Comunidades de Aragón, Castilla y León y Extremadura aumentan sus exportaciones de energía limpia, por lo que reclaman al Gobierno una contraprestación a aquella exportación a regiones más desarrolladas como Cataluña, Madrid y el País Vasco, donde la escasa producción de energía renovable contrasta con una creciente demanda de energía eléctrica.
En efecto, la producción de energía eléctrica de energía renovable crea mucho empleo mientras que se construyen las instalaciones, pero muy poco durante su mantenimiento en producción. Al mismo tiempo que esas Comunidades Autónomas productoras asumen el impacto ambiental y paisajístico. Un debate que se ha manifestado por la pugna regional por el reparto de 400 millones de euros para la ampliación de redes eléctricas el próximo año 2025, y que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica con la planificación de la red eléctrica 2025-2030. Una Planificación que constituye la ruta por dónde circulará la energía eléctrica y, lo más importante, dónde se conectarán las nuevas instalaciones de energías renovables al Sistema eléctrico nacional para su envío a los centros de consumo.
La falta actual de capacidad en la red eléctrica impide la conexión de los molinos de viento y los huertos solares, ni los grandes consumidores, desde la industria a los centros de datos, pueden acceder a la nueva energía renovable, por lo que hay que concluir que las nuevas redes eléctricas pueden convertirse en un elemento clave para la reindustrialización de aquellas Comunidades Autónomas productoras, como Castilla y León.
Estas Comunidades Autónomas que producen más electricidad verde han solicitado un trato preferente en aquella Planificación de la red con el desbloqueo de las inversiones necesarias para conectar los posproyectos previstos en su territorio o la concesión de puntos de consumo. En definitiva, la mayoría de las iniciativas electro-industriales dependen de la ampliación de las redes. En segundo término, se ha planteado una “discriminación positiva en el precio de la luz» de las empresas que se asienten en sus territorios, es decir, una rebaja del precio de la luz para las empresas que decidan invertir en estas Comunidades, con lo que se conseguiría una rebaja de sus costes. Por último, dentro del sistema de financiación autonómica debería tenerse en cuenta que las Comunidades productoras generan la energía, mientras que el pago de los impuestos sobre el consumo se produce allí donde se consume la energía, lo cual genera una distorsión injusta.
Una problemática que afecta de lleno a la Comunidad de Castilla y León, dado que exporta el 55% de la producción de energía eléctrica renovable, la mayor de España, mientras carece de un desarrollo de su sector industrial. Castilla y León es la Comunidad con la mayor generación de energía renovable con un 20% del total de España, destacando la producción de energía eléctrica de origen hidráulico, eólico y ahora se suma aquella producción de origen fotovoltaico. Por lo que, por razones de justicia y eficacia económica, la inversión en redes 2025-2030 debería dar prioridad a nuestra Comunidad de Castilla y León, con el fin de poder dar conexión a los nuevos proyectos de producción de energía renovable en nuestra región, al mismo tiempo que aquella planificación debe servir de aliciente para el asentamiento de nuevos proyectos industriales en una comunidad productora por excelencia como Castilla y León. Una conclusión aplicable a la provincia de Segovia que cuenta con varios proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico, pendientes de autorización al carecer de punto de conexión a la red, lo cual impide el desarrollo de nuestra provincia claramente.
