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A disposición judicial dos hombres e investigado un tercero por incendios en Burgos y León

por EL ADELANTADO
11 de septiembre de 2025
Ambos fuegos fuegos tuvieron su origen en imprudencias. / Peio García

Ambos fuegos fuegos tuvieron su origen en imprudencias. / Peio García

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La Guardia Civil puso a disposición judicial a dos hombres de 43 y 47 años como presuntos autores de un incendio forestal declarado el pasado 17 de agosto en Marmellar de Arriba, en el municipio de Quintanadueñas (Burgos), donde las llamas calcinaron 53,4 hectáreas.

El fuego se declaró en torno a las 15 horas y pudo ser controlado a las 18.37 horas gracias a la intervención de los servicios de extinción. El incendio afectó a varias parcelas de cereal, una masa arbórea y una nave en la que resultaron calcinados una retroexcavadora y materiales almacenados, sin que se registraran daños personales.

La investigación concluyó que el fuego se originó en el interior de una empacadora y un recogedor de fardos durante labores agrícolas. El material ardió y fue arrojado a una zona próxima a un aerogenerador, tras lo que los operarios abandonaron el lugar.

Los agentes localizaron e identificaron a los dos responsables, que fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos. La Guardia Civil recordó que el Código Penal establece penas de hasta cinco años de prisión y 18 meses de multa por incendiar montes o masas forestales, que pueden alcanzar los 20 años de cárcel si existe peligro para la vida o integridad de las personas.

 

Un apicultor investigado

La Guardia Civil está investigando además al presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado 6 de septiembre en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de Toral de Fondo, en el municipio leonés de Riego de la Vega, donde ardieron cerca de once hectáreas de pasto, matorral y arbolado.

Tras las investigaciones, identificaron a un apicultor, propietario de unas colmenas próximas al lugar donde se originó el fuego.

La Guardia Civil le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta.

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