La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia ha abierto diligencias informativas en relación al polémico edificio en construcción en el barrio de San Marcos. La apertura de la investigación se produce a raíz del escrito presentado por IU, que considera que existe un «incumplimiento» de la Ley de Patrimonio Cultural aprobada por la Junta de Castilla y León, dado que el inmueble —que tendrá dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta— producirá, en opinión del concejal de la coalición, Luis Peñalosa, un «enorme impacto visual» al entorno, ocultando las vistas del Alcázar desde la pradera de San Marcos.
El fiscal jefe de la Audiencia, Antonio Silva, ha explicado, en declaraciones a EL ADELANTADO, que Peñalosa presentó un escrito informando sobre el caso, que acompañó «con fotografías muy indicativas». «Al menos hay indicios para proceder a la apertura de diligencias», señaló Silva, quien precisó que el propósito de la Fiscalía es «averiguar si esa construcción corresponde a las normas urbanísticas y si puede atentar al medio ambiente y a las vistas de monumentos singulares como el Alcázar«.
A este respecto, Silva explicó que, antes de Semana Santa, y de forma casi inmediata a la fecha de presentación del escrito por parte de IU, pidió directamente al Ayuntamiento de Segovia que le remita el expediente urbanístico de la construcción y a la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León —que estudió en su momento el proyecto— que aporte toda la documentación que obre en su poder y que clarifique cual fue la intervención del organismo en este caso.
El fiscal jefe de la Audiencia indicó que aún no había recibo ninguna documentación por parte del Ayuntamiento ni tampoco de la Junta de Castilla y León, aunque «confió que llegará en los próximos días». El propósito de Silva es, una vez recibida la información, analizarla y reunir de inmediato a la junta de fiscales para adoptar una decisión, que pasaría por archivar la denuncia o, si se sospecha que existe una presunta irregularidad, enviar el caso al juzgado de instrucción solicitando, en su caso, que el tribunal adopte, como medida cautelar, la paralización de las obras.
La voz de alarma la dio la Asociación Amigos del Patrimonio, que denunció que el futuro inmueble, situado en el número 25 de la calle de San Marcos, afectará a la vista de la iglesia románica de San Marcos y la perspectiva del Alcázar desde la carretera de Arévalo, modificando las características de una zona de «gran interés paisajístico y arquitectónico».
La asociación indicó que este edificio podría haberse evitado “hasta el último momento”. En este sentido, ha desvelado que el 6 de junio de 2010 presentó una alegación al Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), que proponía que la intervención en la parcela donde se construye el edificio se limitara a la volumetría original, respetando las alturas y espacios libres existentes.
El alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE) ha señalado que el Ayuntamiento no puede impedir la construcción del inmueble porque se trata de una obra amparada por la «legalidad»; en virtud del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, que aprobó el Gobierno municipal del PP en 1999. Por su parte, el delegado de la Junta, Javier López-Escobar ha señalado que la Comisión Territorial de Patrimonio se limitó a informar que el inmueble se ajustaba al Plan Especial y que las actuaciones del organismo «están sujetas al marco legal en vigor y no pueden ser arbitrarias».
Asimismo, algunos colectivos han echado de menos una actitud negociadora por parte del alcalde, una vez que era difícil ir contra la licencia ya concedida. Así, el portavoz del PP, Jesús Postigo, comparte la apreciación del alcalde, aunque mantiene que, en su opinión, el Ayuntamiento tuvo posibilidades de frenar la construcción del edificio, al menos tal y como está autorizado, y negociar con la propiedad otro proyecto, de un inmueble de menor altura y, en consecuencia, con menor impacto.
Una placa para los responsables.- La asociación «Amigos del Patrimonio» de Segovia lanzó ayer un comunicado, cargado de buenas dosis de ironía, ante la construcción de lo que considera un «adefesio» en la explanada de San Marcos. Asegura que dado que el inmueble está destinado a la función de alojamiento turístico, «suponemos que a los futuros usuarios les gustará saber a quién han de agradecer disfrutar de un enclave y de unas vistas sustraídas al Patrimonio de la Humanidad».
La asociación solicita que se ponga una placa en el edificio en la que consten los nombres y cargos de quienes aprobaron el Plan Especial de San Lorenzo y San Marcos, los nombres y cargos de quienes formaban la Comisión Territorial del Patrimonio cuando se autorizó el proyecto, y los nombres y cargos de quienes dieron la licencia ambiental y de obras. En la placa tampoco debe faltar, según la asociación, el nombre del propietario-promotor «agraciado con una suerte de multiplicación de los panes y los peces en forma de metros cuadrados que le ha permitido pasar de los 133 m2 iniciales a los 700 autorizados». «Y para ser casi justos y no dejar fuera casi ninguna responsabilidad, —concluye— que conste la fecha de construcción que permita identificar a la generación de segovianos que fuimos incapaces de evitar que llegara a término tal adefesio».
