Cinco meses después, y tras una larga peripecia plagada de declaraciones cruzadas, reuniones e informes técnicos, el desarrollo urbanístico de las áreas «Palazuelos» y «Eresma Alto» próximos a la carretera de La Granja -conocidos técnicamente como sectores A y B- comenzó ayer a ser posible tras la aprobación por unanimidad en el pleno municipal de septiembre de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que hará posible la construcción de más de 6.400 viviendas en esta zona de expansión de la capital.
Aunque la unanimidad de los grupos políticos mayoritarios en el Ayuntamiento sobre este asunto hacía suponer inicialmente un debate sin tensiones -el portavoz de IU, Luis Peñalosa y el del PSOE Javier Giráldez se ausentaron en este punto del orden del día por intereses personales en ambas áreas-, finalmente la tensión acumulada durante estos meses salió a relucir en las exposiciones realizadas por los ediles Alfonso Reguera (PSOE) y Raquel Fernández (PP) que defendieron las posturas de ambos grupos políticos sobre esta materia.
Reguera aseguró que el desarrollo de esta zona urbanística permitirá la creación de 906 viviendas de protección oficial y 725 para jóvenes, y aseguró que la paralización de su desarrollo «era una mala noticia para Segovia, ya que impedía la revitalización de un sector como el de la construcción y, por consiguiente, la creación de empleo». Asimismo, señaló que los cambios introducidos «no suponen un mayor impacto paisajístico en el entorno, porque aunque se incrementa la densidad, no se aumenta la edificabilidad».
El concejal socialista aseguró que el pleno debatió ayer «lo mismo que trajimos hace cuatro meses», y criticó la «pérdida de razón» del PP al salir a los medios de comunicación con acusaciones hacia el alcalde y hacia algunos ediles «que al final se han quedado en cuarto y mitad», y sugirió la conveniencia de que los populares pidan disculpas sobre este asunto.
Por su parte, Raquel Fernández aseguró que el documento presentado ayer en sede municipal «subsana las carencias técnicas del anterior, que nos impedían dar el visto bueno, ya que existían informes técnicos desfavorables sobre algunos de sus términos». En este sentido, señaló que el informe aseguraba que el anterior documento de abril dejaba sin definir aspectos como los equipamientos o la dotación de espacios urbanos, y aseguró que la decisión de aprobar ahora la modificación «no supone un cambio de postura, sino el refrendo a un documento que ahora corrige situaciones como la del cambio normativo en la parcela del complejo deportivo «Carlos Melero», que ahora se ajustan a la legalidad».
La guinda del debate la puso el alcalde Pedro Arahuetes, que tomando como referencia informaciones periodísticas, cargó contra los populares para pedirles que pidieran disculpas sobre las insinuaciones de «pelotazo urbanístico» realizadas el pasado mes de mayo en relación con este asunto.
El alcalde acusó al grupo Popular de «falta de ética política» al emplear este asunto como argumento de oposición y aseguró que el cambio de postura del PP en esta materia obedece a que «se han visto obligados por algunos sectores económicos y empresariales de la ciudad que les han llamado para decirles que no hagan el tonto y que aprueben esta medida».
