Tres días después de que Kofi Annan, enviado especial a Siria de la ONU y la Liga Árabe, reclamara al presidente del país árabe, Bachar al Asad, una serie de cambios que garanticen el fin de la violencia en las ciudades de la nación, el dirigente movió ayer ficha y fijó para el próximo 7 de mayo las elecciones parlamentarias previstas tras la aprobación de la nueva Constitución. Unos comicios que, pese a ser los primeros multipartidistas en la historia del Estado, serán boicoteados por la oposición.
El pasado mes de febrero, el jefe del Gobierno aceptó la nueva Carta Magna, que fue aprobada en referéndum y que prevé un cierto grado de pluralismo político. Sin embargo, los movimientos contrarios al régimen denuncian que esa normativa es ilegítima e insisten en que lo que debe hacer Al Asad es renunciar al poder.
Por eso, Melhem al Droubi, miembro de los Hermanos Musulmanes sirios y del Consejo Nacional Sirio (CNS), uno de los principales grupos de oposición, señaló que «por supuesto que boicotearemos los comicios, porque estarán amañados, pero esto no es nuestro principal centro de atención». «Lo que nosotros queremos es un cambio real con unas verdaderas elecciones presidenciales, que Al Asad con toda seguridad perdería», añadió.
La nueva Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, sin que esté claro si Al Asad podría optar a esta opción.
Aunque la Carta Magna acaba con la cláusula establecida por el padre del presidente, Hafez al Asad, que gobernó el país durante casi 30 años y que consideraba al partido gobernante, Baaz, como el «líder del Estado y la sociedad», no se permite la creación de formaciones basadas en la religión o en intereses profesionales o regionales, lo que excluiría a los ilegalizados Hermanos Musulmanes o a los bloques kurdos.
A pesar de este giro hacia una postura más democrática, la situación en el país continúa siendo dramática. Y es que la jornada se volvió a cerrar con decenas de muertos, principalmente en las localidades de Homs y de Idlib.
Además, según un informe de la organización humanitaria Human Right Watch, al menos 30.000 personas han huido de Siria desde que comenzaron las protestas contra el régimen hace un año. Su principal destino son los vecinos Turquía y el Líbano, cuyas fronteras están repletas de minas antipersona y anticarro, colocadas por el Ejército de Damasco en las últimas semanas.
Esta situación ha llevado a que Naciones Unidas decidiera enviar en los próximos días observadores en materia de Derechos Humanos a los países fronterizos con Siria con el fin de recabar testimonios sobre «las atrocidades» que se están cometiendo en ese territorio, según aseguraron fuentes de la ONU.
Mientras tanto, España completará hoy la evacuación del personal que trabaja en la Embajada de Damasco y en el Instituto Cervantes, también situado en la capital, que suman un total de 13 ciudadanos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aclaró que en Siria permanecerán solo dos diplomáticos que no trabajarán desde la legación patria, que se mantendrán cerrada, sino desde la de la UE.
Con esta «fórmula novedosa», el Gobierno «envía un mensaje de reprobación moral» al régimen.
Por otro lado, Italia decidió sumarse a esta iniciativa y también anunció el cierre de su sede diplomática en Damasco.
