Divorcio en toda regla o riña de enamorados. Una de las dos situaciones es la que definirá, con el paso de los días y las semanas, la luna de miel que había entre el PP y las asociaciones de víctimas del terrorismo que, a raíz del anuncio de la nueva estrategia penitenciaria, han puesto el grito en el cielo. Es por eso que el Gobierno ha movido rápidamente ficha y, en menos de 24 horas, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias recibirá a todos estos colectivos para explicarles las líneas fundamentales del Plan de Reinserción para presos.
Ahora solo falta que los populares sean capaces de convencer a las asociaciones de que éste es el único camino a seguir para acabar de una vez con ETA que, de cara a sus reos y a la opinión pública vasca, había crecido a pasos agigantados en el último medio año, justo después de anunciar que no volvería a matar.
Puede que sea ésta una misión poco menos que imposible para Génova, aunque su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, confía en que sepan interpretar las víctimas que este nuevo paso «no supone un cambio en la política del Gobierno ni la obtención de beneficios penitenciarios por parte de los etarras; la ley no cambia un ápice».
Las reacciones a la nueva oferta del Ejecutivo a los reos fueron durísimas. Así, el Foro de Ermua la consideró «una chapuza», al tiempo que avisó que «nos lamentaremos todos sin excepción» de esta medida que «encubre impunidad». «Querer contentar a ETA es equivocarse», recalcó su presidenta, Inmaculada Castilla de Cortázar, que, tras considerar «desleal» al Gabinete popular, «que ha asumido como propia la herencia de Zapatero», apostilló: «La impunidad imposibilita, precisamente, la reinserción».
Mientras, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, avisó de que esta nueva estrategia será «un coladero», y acusó al Gobierno de «menospreciar» a los asesinados y heridos en España durante las últimas décadas. Según denunció, la denominada Vía Nanclares ya era «un subterfugio» creado por el exministro Rubalcaba, y ahora Jorge Fernández Díaz se suma a ella «con más entusiasmo». A su juicio, el objetivo del Ejecutivo es trasladar a la opinión pública «que hay una ETA mala y una ETA buena a la que hay que reinsertar».
La portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, dijo que rechazarán el programa, «que parece más ambicioso que la Vía Nanclares», si éste no se basa en la exigencia de que los reclusos colaboren con las autoridades para esclarecer los 314 asesinatos pendientes.
Desde la AVT, Ángeles Pedraza, indicó que se siente «engañada», que no entiende por qué no se les ha explicado esta iniciativa antes, y que no cree en el arrepentimiento de los presos.
En la misma línea se mostró Salvador Ulayar, exdelegado de la AVT en Navarra e hijo del exalcalde de Etxarri-Aranatz asesinado por ETA, que habló de «pago a la banda terrorista» y de «traición».
Dignidad y Justicia acusó al Gobierno de asumir las reivindicaciones de la banda y a Rajoy de «rebajar» las exigencias del expresidente Zapatero. «Es el Plan Euskal Presoak Euskal Herrira», lamentó su presidente, Daniel Portero.
Los aplausos llegaron por parte del comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza, que cree que el Ejecutivo va «en la dirección correcta», al tiempo que consideró «muy importante» que el mundo de Batasuna «deje de impedir» a los presos acogerse a beneficios penitenciarios.
Dentro del entorno abertzale, sorprendió el rechazo frontal de Amaiur, que consideró la propuesta del Gobierno de un «chantaje» y una «coacción».
