Quien haya pensado que el Gobierno central está siguiendo las consignas de ETA para que, de una vez por todas, deje las armas y desaparezca, va muy mal encaminado, y máxime si lo justifica en base a los nada lejanos comicios vascos, que suenan para diciembre. El pasado lunes, la Audiencia Nacional decidió aplicar la denominada doctrina Parot a otros dos presos. Se trata de Asier Ormazábal Lizeaga y de Josune Onaindia Susaeta, según denunciaron ayer fuentes del entorno de los presos de la banda terrorista.
Ormazabal Lizeaga, nacido en Hernani (Guipúzcoa), se encuentra preso desde hace 15 años, actualmente en la cárcel de Teruel. Por su parte, Onaindia Susaeta, natural de Baracaldo (Vizcaya), fue detenida en 1992 y tenía fijada su puesta en libertad el 9 de junio de este año. Actualmente se encuentra interna en Murcia. La aplicación de este polémico plus penal, que los abertzales y el PNV quieren cercenar, retrasará su salida de prisión hasta 2022.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en 2004 a Ormazábal Lizeaga a 351 años de cárcel por ser el encargado de accionar el explosivo que el 20 de mayo de 1996 acabó con la vida del sargento del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón y causó heridas a otras cuatro personas.
El atentado estaba dirigido contra un autobús militar sobre el que previamente la organización criminal había hecho vigilancias para conocer su itinerario. El asesino y sus compañeros colocaron dos coches robados cargados con cerca de 200 kilos de amonal a ambos lados de la calle por la que debía de pasar el vehículo.
Además, situaron un tercer artefacto con apenas seis kilos del mismo explosivo en un contenedor cercano. Finalmente fue esta bomba de menor intensidad la única que los terroristas lograron detonar, lo que evitó una masacre para la que los terroristas habían contado con una cantidad de explosivo similar a la usada cinco años antes, en 1991, en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), cuando fueron asesinadas 10 personas, cinco de ellos niños.
Ormazábal también fue condenado en 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a otros 50 años de prisión por el doble asesinato de dos policías nacionales el 13 de enero de 1995 en Bilbao.
Por su parte, Onaindia Susaeta fue sentenciada en 1994 a 62 años de prisión por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Asesinó junto a otros miembros de la banda a dos agentes de la Guardia Civil -uno de ellos de 22 años- en Gernica el 9 de septiembre de 1987. En ambos casos no ha habido el más mínimo atisbo de arrepentimiento.
Por otra parte, el titular del Juzgado de lo Social número 2 de Pamplona denegó ayer la pensión vitalicia mensual de 276,50 euros solicitada por el expreso de ETA Bautista Barandalla Iriarte, quien reclamaba la declaración de incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual de albañil.
El magistrado explicó que el demandante, que padece una colitis ulcerosa, no puede acceder a esa prestación al no estar dado de alta en la Seguridad Social y no haber acreditado que intentó trabajar en la cárcel cuando cumplía las condenas. La sentencia puede ser recurrida, eso sí.
Este antiguo terrorista fue condenado a penas de prisión que, conforme a la actualización practicada, totalizaron 30 años como autor de delitos de asesinato, tentativa del mismo, depósito de armas y colaboración con banda armada. Ingresó en prisión en 1990 y salió en 2011.
